0yJ6YYXEl Gobierno Municipal por medio de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, avanza la creación de un protocolo de actuación que se pondrá en consideración ante el H. Ayuntamiento, en busca de actuar como primeros respondientes ante casos de maltrato animal.0yJ6YYX Omnia.com.mx
0yJ6YYXLa importancia de contar con un protocolo de actuación es para facilitar la labor en campo y poder determinar con prontitud los casos de omisión de cuidados o maltrato animal, e integrarlos para solicitar la presencia de autoridades de seguridad.0yJ6YYX Omnia.com.mx
0yJ6YYXSe considera maltrato animal todo acto intencional u omisión que cause daño, sufrimiento, dolor o ponga en riesgo la vida del animal. 0yJ6YYX Omnia.com.mx
0yJ6YYXA su vez, la omisión de cuidados radica en temas como la negligencia en brindar alimento, agua, refugio, atención veterinaria o cuidados mínimos;0yJ6YYX Omnia.com.mx
0yJ6YYXEste protocolo, como el reglamento interno, debe ser analizado por el cabildo y una vez aprobado, será integrado a la operación de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal.0yJ6YYX Omnia.com.mx
0yJ6YYXEn dichas mesas de trabajo han participado dependencias municipales como las direcciones de Desarrollo Urbano y Ecología, Seguridad Pública Municipal, Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, Secretaría del H. Ayuntamiento, así como la regidora Rosario Ávila de la Comisión de Ecología y Bienestar Animal, el Colegio de Veterinarios del Estado de Chihuahua, además de varias rescatistas con experiencia jurídica.0yJ6YYX Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.