La empresa TResearch International informó que, ayer, se registraron en nuestro país 66 homicidios dolosos, con esa cifra la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene un acumulado de 16 mil 222 casos de este delito.
También, de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ayer en Chihuahua hubo un registro de 4 homicidios dolosos, al igual que en Baja California, Ciudad de México y Puebla, entidades que se ubicaron en cuarto lugar de la estadística nacional, por el número de víctimas de ese delito.
En primer sitio se colocó Jalisco con 8 homicidios dolosos; en una segunda posición Michoacán, con 7; y en el tercer puesto Sinaloa, con 6.
De acuerdo con la información proporcionada por la empresa experta en estadísticas, antier, el número de homicidios dolosos fue de 51 y hace 3 y 5 días, las cifras fueron de 44 y 62, respectivamente.
Con ese acumulado, a la presente Administración Federal se le estimó, la presentación de un promedio de 75 homicidios dolosos diarios.
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Desaparecer los OPLES para que el INE le cobre a los Estados
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
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