FUxnFi9El diputado local de Acción Nacional, Jorge Soto, señaló abiertamente al exgobernador Javier Corral Jurado, a quien acusó de caer en contradicciones y abandonar sus históricas posturas en materia de libertad de expresión y telecomunicaciones, al apoyar públicamente la nueva iniciativa de ley promovida por el gobierno federal. FUxnFi9 Omnia.com.mx
FUxnFi9Soto recordó que fue el propio Corral quien, en sus años como senador, se ganó el reconocimiento nacional por ser uno de los más férreos opositores al autoritarismo priísta, dedicando años de su carrera a denunciar abusos en los medios y a presentar numerosas propuestas de reforma al marco legal de las telecomunicaciones. “Corral fue un duro crítico del régimen autoritario, hizo “n”mil propuestas de reforma… y hoy lo vemos defendiendo la propuesta de Morena, que busca construir lo que muchos ya llaman el nuevo Ministerio de la Verdad”, reprochó el legislador panista.FUxnFi9 Omnia.com.mx
FUxnFi9La declaración del exgobernador, en la que afirma que “la presidenta de la república le va a entregar a la nación una mejor ley de telecomunicaciones y de radio”, fue retomada por Soto para evidenciar un supuesto cambio de principios. “Tenemos evidencia de que fue un simulador toda su vida, y en el ocaso de su carrera política, como él mismo diría, se muestra de cuerpo entero”, sentenció el diputado, subrayando la gravedad de que un personaje que defendió históricamente la libertad de expresión, hoy respalde lo que muchos consideran una ley con tintes de censura.FUxnFi9 Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.