La muerte de 7,291 ancianos en Madrid lleva a dos 'alfiles' de la pandemia al banquillo

Un juzgado de Madrid imputó a dos exaltos cargos de la Comunidad de Madrid por su papel en la gestión de las residencias de mayores de la región durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus, en 2020, informa Público.

Se trata de Carlos Mur y Javier Peromingo, a quienes se considera claves en la elaboración y aprobación de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza', que ordenaban denegar la atención hospitalaria a los mayores que tuvieran alguna discapacidad física o psíquica.

Durante los primeros dos meses de la pandemia murieron 7.291 ancianos en los centros residenciales de Madrid, sin recibir asistencia sanitaria ni cuidados paliativos y prácticamente en completa soledad, debido al confinamiento de la población y la prohibición de visitas de familiares.

Es la primera vez en cinco años que una investigación judicial desemboca en la imputación de algún alto cargo del Gobierno regional, liderado por la conservadora Isabel Díaz Ayuso.

Fallos graves

Detrás de esta nueva querella están dos asociaciones de familiares, '7.291: Verdad y Justicia' y 'Marea de Residencias'. Ambas esperan que el temor a una condena empuje a los dos acusados a revelar información que apunte a sus superiores en el Gobierno, en especial a quien era Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a la propia Díaz Ayuso.

En esa primera etapa de la crisis sanitaria, Mur era director de coordinación sociosanitaria, responsable de la asistencia a las 474 residencias de mayores de la región. Por su parte, Javier Peromingo se desempeñaba como jefe de geriatría del Hospital Rey Juan Carlos, en el municipio madrileño de Móstoles.

Peromingo era el enlace de Mur con el grupo de geriatras que trabajó en la elaboración de los cuestionados protocolos.

El documento tuvo varias versiones, firmadas por Mur, que fueron enviadas a los hospitales los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020. Todas descartaban el traslado hospitalario de los mayores con dependencias y recomendaba su tratamiento en las propias residencias.

Sin embargo, las residencias nunca llegaron a ser medicalizadas, mientras que los mayores enfermos no fueron trasladados a ningún hospital público, privado o de contingencia.

Cinco años de batalla legal

Las familias de los fallecidos llevan años de constante batalla legal, fragmentada en multitud de procesos que han sido procesados por los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid, con un resultado casi unánime: su archivo.

Hasta ahora las familias se habían querellado por delitos como homicidio, omisión de socorro o prevaricación, unos tipos penales que requieren probar que la acción denunciaba había causado la muerte de los afectados, algo que rechazaron los jueces.

Mur y Peromingo habían declarado hasta ahora en diferentes juzgados, pero como testigos. El lunes que viene por la mañana será la primera vez que lo hagan en calidad de acusados.

Con información de actualidad.rt.com