Sentencian por narcomenudeo a exdiputado local del PT en Hidalgo
HIDALGO (apro).- Un Tribunal de Enjuiciamiento condenó al exdiputado local Edgar Hernández Dañu a cuatro años, diez meses y 15 días de prisión por el delito de narcomenudeo con fines de comercio, un caso por el que ya había sido sentenciado en noviembre de 2024.
En junio pasado, y tras un amparo a favor del exlegislador, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación (PHF) anuló la sentencia de cinco años de cárcel y ordenó un nuevo juicio oral, en el cual, nuevamente, fue declarado culpable el exintegrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT).
Por el mismo delito fue sentenciada, de nueva cuenta, Blanca Areli L.D., quien fue detenida junto con Hernández Dañu la madrugada del 23 de septiembre de 2023 tras un cateo en un inmueble ubicado en la calle Cuarta Cerrada de Ignacio Manuel Altamirano, en el Barrio de San Nicolás, en Ixmiquilpan, Hidalgo. A ella, sin embargo, la autoridad judicial le dio tres años y ocho meses de prisión, que puede ser conmutada por una sanción distinta, al no superar los cinco años de pena.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) sostuvo durante el nuevo juicio que en el cateo aseguró armas de fuego, cartuchos útiles y estupefacientes, en tanto que el petista insistió en una “persecución política”, porque, afirmó, tuvo como asambleísta una postura crítica hacia el gobierno en turno, emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Su defensa intentó que dicho cateo fuera considerado ilegal, por presuntas anomalías, como ocurrió a nivel federal, instancia ante la que el político fue acusado de portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, aunado a que la Fiscalía General de la República (FGR) tampoco presentó el juicio de procedencia avalado por el Congreso local de mayoría morenista para que el entonces diputado pudiera ser juzgado por delitos del fuero federal.
No obstante, el Tribunal de Enjuiciamiento consideró que ese procedimiento de investigación fue legal y que, aunque fue desestimado a nivel federal, eso no tenía injerencia en el cargo presentado contra él en el ámbito local.
El 25 de noviembre de 2024, once días después de que fue sentenciado por primera vez, Hernández Dañu conversó con Proceso desde el Hotel Sahara en Pachuca, donde cumplía una medida cautelar de prisión domiciliaria. Con la sentencia anulada, después regresó al mismo establecimiento, trasladado del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Molango en la sierra alta hidalguense, donde cumplía su pena.
En esa entrevista, el exdiputado acusó el incumplimiento de un acuerdo político por parte del grupo del gobernador Julio Menchaca Salazar, mediante el cual, en un procedimiento abreviado, él aceptaría la culpabilidad y rechazaría apelar, a cambio de que la mujer coacusada en su caso quedara libre.
Al pactar, el exlegislador reconoció que incurrían en una irregularidad, pues habría una injerencia desde el Ejecutivo a un poder que debería ser autónomo, el Judicial; asimismo, aseguró que el intermediario en las negociaciones fue el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri.
Hernández Dañu sostuvo que el acuerdo de facto lo cerraron en el Cereso de Pachuca, donde él estuvo recluido del 21 de septiembre de 2023 al 9 de mayo de 2024, y a donde, aseveró, lo visitó en varias ocasiones el mando de la policía.
No obstante, la coacusada igualmente recibió en aquel momento una sentencia por dos años, tras lo cual el exlegislador acusó el incumplimiento del supuesto pacto.
De acuerdo con el amparo que recibió, el 17 de junio debía cumplirse el ordenamiento de anulación de sentencia y a partir de ese momento podría dejar el penal de Molango y volver a una medida de resguardo domiciliario en el Hotel Sahara.
El nuevo juicio inició el 7 de julio y este día 14 se dio la sentencia. Además del tiempo en reclusión, el político debe pagar una multa de 2
Con información de: Proceso.
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Según reporta el periodista Mussio Cárdenas, en este lugar encontraron a la alcaldesa morenista de Colipa, Gabriela Alejandra Ortega Molina, conviviendo con los narcos: “Vaya sorpresa se llevaron el día de ayer autoridades federales, al realizar un cateo en un “n@rco rancho".
Este lugar es propiedad de un sobrino de Rafael Caro Quintero, identificado como José Gil Quintero, uno de los señalados como generador de violencia en la región.
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