Morena obligará a sus alcaldes a tomar clases para que aprendan a gobernar; serán evaluados periódicamente
Con miras a evitar malos manejos, gobiernos distantes de los electores y ausencia de resultados, la dirigencia nacional de Morena creará una escuela de capacitación para más de 800 alcaldes que tiene actualmente en el país.
De acuerdo a legisladores consultados por Latinus, el partido Morena suscribirá un convenio con “una institución educativa de prestigio” con el objetivo prioritario: que los presidentes municipales aprendan a gobernar y evitar así, que empañen las campañas electorales de las elecciones intermedias del 2027.
Además, se trata de que los presidentes municipales surgidos de su partido no incurran en atribuciones que no corresponden a su cargo, cómo elaborar un presupuesto, cómo ejercer los recursos sin caer en gastos irregulares, que conozcan las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, entre otros.
También deberán abrir las puertas de sus respectivas sedes para dedicar el día lunes de cada semana a recibir a la ciudadanía en audiencias públicas junto con sus gabinetes y garantizar la premisa de Morena de ser “un gobierno cercano a la gente”.
Los alcaldes deberán contar con un promedio de asistencias a las clases de un 80% y serán evaluados con base en una tira de materias que se definirá luego de que Morena suscriba un convenio con la “institución de prestigio” en los próximos días.
Dichas propuestas se pondrán a votación del Consejo nacional de Morena que se llevará a cabo este domingo 20 de julio en un hotel de Paseo de la Reforma, cuyo registro de asistentes comenzará a partir de las nueve de la mañana.
Otra propuesta que se pondrá a discusión y votación es la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, luego de las protestas que provocaron en sus filas la intención de afiliar al senador expanista Miguel Ángel Yunes para contar con los votos suficientes en la reforma judicial y del dirigente expriista de Durango, Luis Enrique Benítez en mayo pasado.
Se perfila que la comisión quede integrada por la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, el secretario de organización Andrés Manuel López Beltrán, además de tres ideólogos, entre los que se menciona al productor Epigmenio Ibarra que deberán reunirse por lo menos una vez por semana.
Otro punto en la agenda es la creación de 71 mil 541 comités, es decir, en cada una de las secciones electorales que hay en el país como anunció el pasado 9 de julio la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, el pasado 9 de julio.
Se creará también un Consejo consultivo, entre los que se han mencionado los nombres del historiador Lorenzo Meyer, la dirigente Bertha Alcalde, Pedro Miguel, Héctor Díaz Polanco y el escritor Francisco Ignacio Taibo II.
Con información de Latinus
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Van por eliminación del fuero y desaparición del CPC anticorrupción
Se alista una propuesta de reforma anticorrupción impulsada por Morena y detallada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, que incluye la eliminación del Fuero y la posible desaparición de los Comités de Participación Ciudadana
Se busca reformar toda la estructura de las instituciones que integran el SNA, especialmente fiscalías especializadas y auditorías estatales, prohibir la reelección del Auditor Superior de la Federación, del titular de la Unidad de Evaluación y Control, y de los titulares de órganos internos de control.
Los candidatos a Auditor Superior serían evaluados en foros de consulta con la sociedad civil y la academia para debatir sus perfiles.
Impedir vínculos familiares entre los titulares de las auditorías y funcionarios de la administración pública.
Vincular el combate a la corrupción con el control del dinero en los partidos políticos para evitar la infiltración del crimen organizado.
Se plantea la desaparición de organismos, se confirma la ruta de extinción del INAI y se señala la inoperancia actual del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Facilitar y blindar los mecanismos para que la gente denuncie actos ilícitos y utilizar este ejercicio como la herramienta principal de rendición de cuentas para castigar o ratificar a los gobernantes.
Se sostiene la erradicación del fuero: Eliminar privilegios procesales para que cualquier funcionario pueda ser juzgado.
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