
En Chihuahua existe un burócrata por cada 65 habitantes.
Chihuahua consume, pero nómina. El Censo Nacional de Demarcaciones de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2025 publicado por el Inegi, estimó que, en el Estado de Chihuahua, existe un burócrata por cada 65 habitantes. He aquí una de las explicaciones de la falta de inversión en infraestructura, salud y educación, pilares fundamentales del desarrollo económico y social del estado y con ello más y mejores oportunidades para sus habitantes.
Lo evidente obesidad de la burocracia del Gobierno del Estado, sus municipios y organismos autónomos y descentralizados, alguno de ellos que incluso constitucionalmente ya no deberían existir, consume recursos económicos y materiales que obedecen más al compromiso de dar nómina a familiares y amigos, así como, cumplir compromisos políticos con aliados y mantener una estructura político electoral.
Por ejemplo, en el TSJ hay más administrativos que juzgadores y auxiliares jurisdiccionales. Es una burocracia espantosa, ya no encuentran dónde poner a tanto enviado, familiar o amigo, para que les den nómina y altas “compensaciones” a la alta burocracia, familiares y amigos, es práctica de este gobierno inventar puestos para amigos o parientes; en la UACH existe una nómina de “administrativos de confianza” que no corresponde al crecimiento (disminución) de la matrícula estudiantil. El municipio de Chihuahua está plagado de “operadores políticos” provenientes de los antiguos y famosos “seccionales” del PRI algunos con relación familiar directa con los actuales dirigentes este partido.
Una burocracia obesa, consume recursos no solo por lo que representa el incremento del concepto de “servicios personales” a este concepto se adiciona el incremento de “recursos materiales” directamente ligados a la nómina, tales como espacios de oficinas, equipos de cómputo, servicios de internet, escritorios, papelería, artículos de limpieza, espacios para archivo de papelería que nunca vuelve a ser de utilidad, etc., además de la baja productividad por exceso y lentitud de trámites y que los ciudadanos realizamos en oficinas públicas.
Mientras el estado y sus municipios destinan recursos crecientes a alimentar una burocracia obesa e ineficiente, la sociedad sigue sufriendo congestionamientos viales, accidentes automovilísticos y contaminación por el desastre en que las autoridades estatales y municipales han convertido el desarrollo urbano y las vialidades, no solo en las ciudades, también en caminos vecinales y carreteras estatales; deterioro creciente en la seguridad social de los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado y desde luego como lo señale al inicio de este artículo la baja inversión en infraestructura económica y social que mejoren la competitividad del estado para hacerla atractiva a la inversión extranjera y nacional.
Cuatro años y medio de gobierno, después de un aumento en el presupuesto del Estado de 44%, varias reestructuraciones de la deuda pública y la contratación de $3,000 millones el presente año y el incremento del impuesto el Estado mantiene el despliegue publicitario para informar de la construcción de puentes para agilizar el tráfico de la ciudad en puntos críticos, el inicio de la construcción del Centro de Convenciones en Cd. Juárez y el anuncio de la modernización del sistema de semáforos de la ciudad de Chihuahua.
Ricardo Rodríguez Lugo. M.A.
8 de abril 2026