Arrancan Jornada de Justicia Itinerante en el Cereso No. 1; asesoran a 600 internos sobre su situación legal
“Cada asesoría que aquí se brinda tiene un impacto real. No solo en los expediantes, sino en las vidas de las personas”, Marcela Herrera Sandoval
Con el objetivo de consolidar una justicia cercana, humana, y efectiva, el Poder Judicial del Esatdo puso en marcha la jornada de atención jurídica “Justicia Itinerante” en las instalaciones del Centro de Readaptación Social varonil número 1, beneficiando en su primer día a más de 120 internos.
El programa busca brindar asistencia legal directa a las personas privadas de la libertad para agilizar sus procesos y facilitar el acceso a beneficios de preliberación.
Esta iniciativa permite revisar expedientes y orientar a los internos en materias familiar, civil y penal, abriendo rutas legales que incidan positivamente en su situación jurídica.
Durante el evento inaugural, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, enfatizó la importancia de este despliegue institucional al señalar que: “La justicia tiene que estar donde están las personas. Tiene que escucharse, explicarse y, sobre todo, hacerse efectiva”.
Destacó que: “Esta jornada de atención jurídica permite revisar casos, orientar, resolver dudas y, en su caso, abrir rutas legales que incidan directamente en la situación jurídica de las personas”.
Asimismo, recalcó el compromiso de la institución con la reinserción social al afirmar: “Asumimos con seriedad nuestro papel en el sistema de reinserción social. Sabemos que una justicia eficaz también contribuye a reconstruir trayectorias y a fortalecer el Estado de Derecho”.
Por su parte, el director de Centros de Reinserción de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del Estado, Elmer Obed Soto Villado, agradeció la iniciativa de la magistrada presidenta y resaltó que esta acción coordinada con el Poder Judicial va más allá de reducir cifras: “Estas jornadas representan un esfuerzo tangible por acelerar la justicia de quienes han cumplido con lo necesario para acceder a beneficios, asegurando que cada persona pueda ejercer sus derechos y avanzar en su proceso de reinserción social”.
El programa de Justicia Itinerante en el CERESO No. 1 se desarrollará durante los días 8, 9, 14 y 15 de abril, teniendo como meta dar seguimiento puntual a por lo menos 600 casos que sean jurídicamente viables para obtener algún beneficio anticipado, garantizando así un acceso equitativo a la justicia.
Para finalizar, Herrera Sandoval reconoció la labor de los profesionales que participan en estas jornadas, puntualizando que: “Cada asesoría que aquí se brinda tiene un impacto real, no solo en los expedientes, sino en las vidas de las personas”.
La jornada contó con la participación de la magistrada Perla Ruiz González, el magistrado Andrés Pérez Howlet, la comisionada Luisa Márquez Picard, la directora de la Defensoría Pública, Rocío Sarmiento, el director del Centro de Readaptación Social Varonil No. 1, Sergio Urbina Ramírez, jueces del Tribunal de Ejecución de Penas y defensores públicos, quienes trabajaron de manera coordinada con las autoridades del Sistema Penitenciario.
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Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.
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