La Crisis de la Verdad en México; desapariciones forzadas y la ONU

La reciente noticia acerca de una resolución enfocada en la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité de la ONU señala un punto sin precedentes y preocupante en nuestra historia jurídica y social. Esta no es una simple carta con carácter diplomático, sino de una determinación técnica basada en "indicios bien fundados" de que la desaparición forzada en México se practica de forma generalizada o sistemática. Como abogados, debemos entender la gravedad de que este organismo internacional eleve el caso a la Asamblea General de las Naciones Unidas; es el reconocimiento de una falla estructural que trasciende las administraciones y golpea directamente el Estado de Derecho.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el choque entre el Ejecutivo Federal y los organismos internacionales radica en la interpretación de la responsabilidad estatal. Mientras la Presidenta argumenta que el informe es "sesgado" y omite los esfuerzos locales, el Comité subraya que la impunidad en México oscila entre el 94% y el 98% de los casos. El Derecho Internacional es claro: la responsabilidad del Estado no solo nace de la acción directa de sus agentes, sino también de la "omisión, autorización o aquiescencia" frente a actos cometidos por particulares, una realidad que la crisis forense de más de 72,000 restos sin identificar evidencia con una crudeza que las cifras oficiales no pueden maquillar.

El argumento gubernamental que intenta deslindar al Estado de los crímenes cometidos por la delincuencia organizada choca con la evolución del Estatuto de Roma y los criterios del propio Comité. La desaparición forzada, al ser considerada un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática, no requiere necesariamente de un decreto estatal, sino de una estructura de poder (aunque sea fáctica) que actúe bajo el amparo de la inacción institucional. Negar esta realidad bajo el pretexto de la soberanía no solo debilita nuestra posición ante la comunidad internacional, sino que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de miles de familias mexicanas.

Es alarmante que México concentre el 36.5% de todas las peticiones de acción urgente del Comité a nivel mundial. Como profesional del derecho egresado de nuestra máxima casa de estudios, la UACH, y desde la labor técnica en el Congreso local, observo con detenimiento y análisis cómo las leyes generales y las fiscalías especializadas se quedan en el papel. El marco normativo existe, pero la eficacia es inexistente. El Derecho no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de justicia; si el sistema no logra judicializar más que una mínima fracción de los casos, estamos ante un simulacro de legalidad que la ONU ha decidido, con justa razón, denunciar.

La postura de rechazo absoluto por parte del Gobierno Federal ante el informe del Comité ignora la jerarquía de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento, conforme al artículo 1.º de la Constitución. Al ratificar la Convención, México aceptó la competencia del Comité y sus mecanismos de supervisión. Descalificar estos hallazgos como "injerencistas" es un retroceso en la cultura de derechos humanos que tanto ha costado construir en nuestro país. La soberanía no debe ser un escudo para la impunidad, sino el fundamento para garantizar la seguridad de los ciudadanos dentro del territorio.

En Chihuahua, conocemos de cerca las heridas de la desaparición y la lucha de los colectivos de búsqueda. Desde el ámbito mercantil y civil en el que me desempeño, entiendo que la certeza jurídica es la base de cualquier sociedad funcional; sin embargo, no puede haber certeza en un país donde la seguridad personal es una moneda al aire. El señalamiento de la ONU debe ser recibido no como un agravio político, sino como una hoja de ruta técnica para reformar nuestro sistema de procuración de justicia y enfrentar, de una vez por todas, la emergencia forense que nos asfixia.

Finalmente, la redacción de esta columna no busca el golpeteo reactivo, sino el llamado a la coherencia legal. Si aspiramos a un México moderno y competitivo, debemos ser los primeros en cumplir con nuestros compromisos internacionales. La justicia no es una concesión del poder, es un derecho inalienable. Ante la mirada del mundo, México tiene dos caminos: persistir en la narrativa de la negación o aceptar la asistencia técnica internacional para reconstruir el tejido social desde la verdad y la reparación integral del daño.