Nadie lleva cuenta de fallecimientos por cirugías plásticas

Ciudad de México, 06/04/26 (Más).- En México no existe un registro oficial de muertes derivadas de cirugías plásticas, pese al incremento sostenido de estos procedimientos y a los riesgos asociados.

Como evidencia está el caso de Keila Julissa Camacho, una joven de 25 años que falleció tras someterse a una liposucción realizada por un médico sin cédula profesional ni certificación para practicar cirugía plástica.

De acuerdo con información de Animal Político, la joven murió el 30 de julio de 2024 en Matamoros, Tamaulipas, luego de complicaciones graves tras una lipotransferencia y una segunda intervención para retirar grasa, realizadas por el médico Aarón P., quien posteriormente obtuvo una cédula de “Maestría en Cirugía Estética” avalada por una institución educativa, pero no reconocida por autoridades de salud.

La investigación periodística elaborada junto con Connectas documentó al menos 121 muertes relacionadas con cirugías estéticas en el país entre 2014 y 2025, con un aumento notable a partir de 2021 y un pico en 2023 con 22 casos. Tan sólo en 2024 se reportaron 18 fallecimientos, mientras que en enero de 2026 se registró una muerte más durante un procedimiento facial.

El caso de Keila refleja un patrón recurrente: intervenciones realizadas por personal sin la preparación adecuada y en condiciones deficientes. Tras la cirugía, la joven presentó infecciones severas, necrosis en tejidos y fallas orgánicas. Su familia la trasladó entre hospitales privados y públicos debido a los altos costos, hasta que murió antes de llegar al Hospital General de Matamoros. Su acta de defunción consignó “infarto” como causa de muerte, sin relacionar directamente el fallecimiento con la cirugía.

“Tanto se ilusiona una mujer con esas cirugías que mi hermana, desde antes, empezó a pedir cositas en (la tienda online) Shein: trajes de baño, bikinis… Decía: ‘Voy a salir de la operación bien guapota y me voy a ir a Mazatlán a mostrar mi cuerpazo’. Fue triste cuando guardamos todas sus cosas, porque ahí se quedaron todas sus ilusiones”, relató su hermana Joanna.

El análisis revela que el 96% de las víctimas de fallecimientos en quirófano son mujeres, lo que evidencia el impacto de los estándares de belleza y la presión social en la decisión de someterse a estos procedimientos. Las entidades fronterizas concentran el mayor número de casos, con Baja California y Tamaulipas a la cabeza.

Pese a la magnitud del problema, no existen estadísticas oficiales completas. La mayoría de las cirugías estéticas se realizan en el sector privado, donde no hay obligación de reportar complicaciones o muertes. Además, sólo una parte de los casos llega a ser investigada: entre 2014 y 2024, las fiscalías reconocieron apenas el 66% de los fallecimientos y sólo el 58% fueron indagados como homicidio por responsabilidad médica.

A esto se suma un subregistro derivado del estigma social, el temor a denunciar y la dificultad para acreditar negligencia médica. En muchos casos, como el de Keila, las familias optan por no continuar procesos legales tras enfrentar largos periodos de sufrimiento.

El auge de las cirugías estéticas también es significativo. De acuerdo con estimaciones internacionales, estos procedimientos casi se duplicaron en una década en México, al pasar de poco más de 381 mil en 2014 a más de 734 mil en 2024, posicionando al país entre los principales a nivel mundial.

Especialistas advierten que este fenómeno no puede entenderse sin considerar la llamada violencia estética. La investigadora Esther Pineda señala: “La violencia estética es un conjunto de discursos, prácticas e instituciones que presionan a las mujeres a responder a un ideal de belleza como requisito de la feminidad”, mientras que también subraya que estos modelos generan discriminación y sostienen una industria que se beneficia de la inconformidad corporal.

Desde la academia, también se advierte que estas presiones tienen consecuencias reales en la vida de las mujeres, quienes enfrentan discriminación laboral y social si no cumplen con ciertos estándares, lo que las empuja a someterse a procedimientos que, en muchos casos, ponen en riesgo su salud.

El caso de Keila Camacho no sólo evidencia fallas en la regulación sanitaria, sino también la ausencia de un sistema que permita dimensionar el problema como una crisis de salud pública, donde las muertes, en muchos casos, quedan fuera de cualquier estadística oficial.

Con información de Massinformación.