
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, calificó de falso y sesgado el informe del Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés).
En entrevista, el morenista aseguró que el reporte no está ajustado a la realidad al considerar que está redefiniendo, incluso, el concepto de desaparición forzada en función de atribuirle a una política del Estado.
“Es sesgado porque dice que es una política del Estado mexicano y eso es falso, y menos es una política generalizada, es una redefinición…
“Y yo mañana voy a ampliar en otra dimensión, digamos, en otra perspectiva que personalmente yo tengo, en relación a una orientación más de carácter alejado del derecho internacional y más acercado a cuestiones de carácter político”, expresó.
El senador resaltó que sí sería una mala señal no atender el informe, pero éste debe estar ajustado a la realidad.
“Sí (sería mala señal), pero con un informe que no está ajustado a la realidad no parece de mucha ayuda. Y no, al contrario, el primer país que dio su apoyo y que manifestó el respaldo a la comisión es México, quien fue el único país que aceptó de mutuo propio que se viniera al comité a hacer una visita en in situ fue México, el resto de los países no lo aceptaron, por eso a nosotros nos sorprendió la manera en que fue redactado el informe por parte del comité”, enfatizó.
Con información de: Proceso.

Siguen saliendo irregularidades sobre institutos gubernamentales, en esta ocasión el medio de comunicación Animal Político, evidenció la adjudicación que hizo el Instituto Nacional de Migración a una empresa de organización de eventos, que supuestamente instaló albergues del 2021 al 2025, durante el comisionado de Francisco Garduño Yáñez.
Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.

Grupos internos de Morena han comenzado a difundir un listado con 17 posibles aspirantes a gubernaturas para 2027 en distintas entidades del país.
El documento, que circula en redes sociales, estaría basado en mediciones de CE Research, firma encargada de evaluar el posicionamiento electoral de los perfiles.
Entre los nombres destacan Arturo Ávila en Aguascalientes, Milena Quiroga en Baja California Sur y Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua.
Hasta ahora, ni el partido ni la encuestadora han confirmado oficialmente la autenticidad o carácter definitivo del listado.

El diputado Cuauhtémoc Estrada ha comenzado a aparecer en bardas en Ciudad Juárez, bajo el argumento de promocionar su casa de enlace. Sin embargo, la acción ha generado señalamientos por posible promoción anticipada.
Aunque el número telefónico que se muestra sí corresponde a su casa de enlace legislativo, hay quienes consideran que el formato y la visibilidad del nombre del legislador rebasan la simple difusión institucional, reavivando el debate sobre los límites entre información oficial y propaganda política, teniendo en cuenta que las elecciones internas para definir candidatos no están muy lejos...

Siguen saliendo irregularidades sobre institutos gubernamentales, en esta ocasión el medio de comunicación Animal Político, evidenció la adjudicación que hizo el Instituto Nacional de Migración a una empresa de organización de eventos, que supuestamente instaló albergues del 2021 al 2025, durante el comisionado de Francisco Garduño Yáñez.
Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.

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El documento, que circula en redes sociales, estaría basado en mediciones de CE Research, firma encargada de evaluar el posicionamiento electoral de los perfiles.
Entre los nombres destacan Arturo Ávila en Aguascalientes, Milena Quiroga en Baja California Sur y Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua.
Hasta ahora, ni el partido ni la encuestadora han confirmado oficialmente la autenticidad o carácter definitivo del listado.

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