
Un juez federal concedió un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, con el que instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) liberar las cuentas bancarias que permanecían congeladas desde 2019.
La resolución fue emitida por el juez Ulises Oswaldo Rivera González, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien determinó que el bloqueo no cumplió con los requisitos legales vigentes al momento de su aplicación.
El juez concluyó que la medida impuesta por la UIF no derivó de una solicitud internacional, condición que era obligatoria conforme al criterio jurídico aplicable en ese entonces.
“Se deduce que el mismo no se emitió en cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano, por lo que el bloqueo de cuentas decretado se realizó para aspectos estrictamente nacionales, lo que trastoca el principio de seguridad jurídica”, señala la sentencia.
Asimismo, se precisó que la inclusión del exgobernador en la lista de personas bloqueadas respondió a operaciones detectadas dentro del sistema financiero nacional sin una vinculación acreditada con actividades ilícitas.
En consecuencia, el juez ordenó el desbloqueo de las cuentas que fueron aseguradas en 2019, cuando la UIF incluyó a Yarrington en su listado.
La resolución se limita a esos recursos, sin implicar otros procesos o investigaciones en curso.
La resolución a favor del exgobernador deberá ejecutarse, ya que fue dictada el 31 de marzo del 2026, previo a la actualización jurisprudencial en la que la Suprema Corte determinó que la UIF puede congelar cuentas sin orden judicial ni petición extranjera.
Tomás Yarrington Ruvalcaba fue gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004. A partir de 2012, fue señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, particularmente por acusaciones de lavado de dinero para grupos del crimen organizado como Los Zetas y el Cártel del Golfo.
De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en abril de 2017 fue detenido en Italia mientras viajaba con identidad falsa, utilizando documentos apócrifos. La captura se realizó con base en una orden provisional sustentada en cargos presentados desde mayo de 2013.

Foto: ICE
Aunque inicialmente impugnó su extradición, un tribunal italiano avaló su traslado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por lavado de dinero. Tras cumplir una condena de siete años, fue liberado el 3 de julio de 2024.
Posteriormente, el 9 de abril de 2025 fue deportado a México para continuar enfrentando procesos judiciales pendientes.
Actualmente, el exmandatario permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Con información de Político.mx