Barra Mexicana de Abogados rechaza descalificación del gobierno al Comité de la ONU
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) afirmó que es indispensable que el Estado mexicano atienda las acciones que emita la Asamblea General de las Naciones Unidas a México en relación con la crisis de desapariciones forzadas en el país en lugar de centrarse en la descalificación política.
Mediante un comunicado la organización indicó que se requiere establecer un mecanismo eficaz para encontrar la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, las organizaciones y defensores de derechos humanos que las apoyan.
“Exhortamos respetuosamente a los Poderes de la Unión, a las autoridades federales y locales, así como a las fiscalías y comisiones de búsqueda, a que den cumplimiento efectivo a lo sugerido por el Comité”, indicó la BMA.
El pronunciamiento fue emitido una semana después de que el Comité de las Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada (CED) consideró que el nivel de desapariciones en México ha alcanzado niveles de crímenes de lesa humanidad, conclusión que fue repudiada por el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum.
La BMA llamó a fortalecer los mecanismos de búsqueda en vida y forenses dotándolos de autonomía técnica, presupuesto suficiente y coordinación interinstitucional real; profesionalizar las investigaciones ministeriales y judiciales, agotando líneas de investigación que incluyan la posible participación, tolerancia u omisión de servidores públicos.
Garantizar la protección integral de familiares, colectivos de búsqueda, peritos y defensores de derechos humanos; consolidar registros nacionales confiables y transparentes, consultables entre fiscalías, servicios periciales, registros civiles, centros penitenciarios y autoridades migratorias.
También llamó a combatir frontalmente la impunidad asegurando que los responsables materiales e intelectuales enfrenten procesos eficaces y sanciones ejemplares; establecer mecanismos que permitan esclarecer patrones estructurales y contextos regionales de desaparición.
“La respuesta institucional no debe ni puede centrarse en la descalificación política de la decisión del comité, sino en la colaboración del procedimiento que se lleve a cabo por la Asamblea. La Barra exhorta al gobierno a aceptar la ayuda internacional que en su caso se extienda, para lograr la construcción de resultados verificables, medibles en cuanto a localización de personas, identificación de restos, judicialización de responsables y reparación integral a las víctimas.
“En un Estado constitucional y democrático, la cooperación con los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos no debe entenderse como injerencia, sino como una oportunidad para fortalecer la legalidad, la justicia y la confianza pública. México no puede normalizar el dolor de miles de familias ni postergar la respuesta que exige esta tragedia nacional. El cumplimiento de las recomendaciones internacionales es hoy una obligación jurídica, ética y civilizatoria”, agregó.
Con información de Proceso.
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A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
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