Fiscalía de Campeche pide desafuero de “Alito” Moreno por probable desvío de 83 millones de pesos
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El pasado 25 de julio, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM) presentó y ratificó, ante la Cámara de Diputados, una solicitud de declaración de procedencia en contra del exgobernador, Alejandro Moreno.
Este martes, la Asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) resaltó la solicitud de desafuero de la Fiscalía en contra del ahora senador.
La asociación detalló que la petición de procedencia contra el exgobernador se presentó el pasado miércoles 23 de julio, ya que al legislador tricolor se le imputan el uso indebido de atribuciones y peculado por el probable desvío de 83 millones 508 mil pesos.
También informó que, en las carpetas de investigación, mismas que ya fueron judicializadas, se describen diferentes tipos de corrupción en los cuales Alejandro Moreno Cárdenas, como gobernador de Campeche, podría haber tenido responsabilidad.
La asociación detalló que en las investigaciones están relacionadas otras 17 personas, entre ellas exfuncionarios de la administración de Alejandro Moreno, quienes ya fueron vinculados a proceso; incluso, otras dos de ellas incluso obtuvieron un criterio de oportunidad ante la Fiscalía de Campeche para colaborar con las investigaciones.
El escrito fue turnado a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para que lo envié a la Sección Instructora, que se prevé que discuta retirar el fuero a Moreno en el siguiente periodo ordinario, que comenzará el 1 de septiembre.
Con información de: Proceso.
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Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.
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