Hubiera sido suicida si la SCJN discutía prisión preventiva: Loretta Ortiz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra Loretta Ortiz Ahlf afirmó que sería suicida si la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute los proyectos sobre prisión preventiva oficiosa para reinterpretarla.

Al término de la última sesión de la Primera Sala de la Corte, la ministra Ortiz Ahlf -quien también fue la última presidenta de dicho órgano colegiado- confirmó que la actual conformación del Máximo Tribunal no discutirá los proyectos sobre prisión preventiva oficiosa debido a las diferencias en los criterios de sus integrantes.

“Lo decidimos en pleno no resolverla en esta conformación porque había muchas diferencias de criterios, o sea, era suicida enfrentarnos ahorita, someter a la prisión preventiva oficiosa cuando no había los consensos entre los integrantes de la Corte”, dijo en un breve encuentro con medios de comunicación.

Explicó que, a su criterio, la medida, que actualmente se aplica de manera automática cuando una persona es acusada por alguno de los delitos del artículo 19 constitucional, sí es inconvencional pero que no le corresponde al Poder Judicial legislar para ajustarla a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La ministra fue cuestionada sobre el tema debido a que el Pleno de la SCJN tenía pendiente la discusión de los proyectos elaborados por Jorge Mario Pardo Rebolledo y Margarita Ríos Farjat.

El primero, trata sobre el cumplimiento de la sentencia de la CorteIDH contra México en la que declaró dicha figura como inconvencional y el segundo, elaborado por Ríos Farjat, establece la interpretación de la medida para que se aplique tomando en consideración las circunstancias particulares de cada caso en lugar de hacerlo de manera automática.

Pese a que esos proyectos eran los más importantes de los que iban a discutir los actuales ministros antes de retirarse conforme a la reforma judicial, el Pleno ya los retiró de la lista de casos que debatirá en la que se prevé será su última sesión del próximo 19 de agosto.

“El decir que es justificada es un cambio a la norma constitucional y eso le correspondería solo al Constituyente y el problema es ese (…) es decir, se tiene que hacer una reforma constitucional que contemple eso, una reforma al 19, que se amplió demasiado (…), ajustarlo a los asuntos esenciales, y dar los transitorios, que son muy importantes, que normalmente no se toman el cuidado en redactarlos bien, y que nos establecen las reglas de qué va a suceder con todos aquellos que están en prisión preventiva, porque no les vamos a dar la salida automática”, detalló. 

“Nosotros no podemos legislar, no tenemos la facultad de legislar, yo puedo decir que es inconstitucional, pero yo no puedo legislar (…) El constituyente tiene que depurar esa lista de delitos. Debe legislar para depurarla, uno. Y dos, debe también establecer cómo se va a hacer el proceso para convertir de oficiosa en justificada. Establecer cómo van a ser los requisitos. Adecuarla a la Convención, cómo se va a hacer justificada, pero lo más importante es cómo hacerle con los que ya están en prisión preventiva oficiosa”.

Por ello, calificó el proyecto de Ríos Farjat como “ilusorio”.

El cierre de la Sala.

Durante la última sesión de la Primera Sala de la Corte, los ministros decidieron no debatir diversos temas de trascendencia, incluido un proyecto de amparo que establece, también, la reinterpretación de la prisión preventiva oficiosa.

Otro de esos asuntos fue el de la demanda por daño moral de la periodista Lourdes Mendoza contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en el que el exfuncionario busca revocar la condena de indemnizar a la comunicadora por afirmar que recibía sobornos durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto a cambio de escribir columnas de opinión favorables a las reformas de su gobierno.

Asimismo, los ministros rechazaron un proyecto que establecía permitirle a una persona ejercer el consumo lúdico y terapéutico de hongos alucinógenos.

Por lo que estos temas serán discutidos por el Pleno de la nueva SCJN que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre.

 

 

Con información de: Proceso.

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.

“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.

En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.

Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.

Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.

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