Presentan cargos por tráfico de fentanilo y armas contra tres de los 26 narcos extraditados a EU
EFE.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que los mexicanos Kevin Gil Acosta, conocido como "el 200", Martín Zazueta Pérez, alias Piyi, y Leobardo García Corrales, alias Leo, a quienes identifica como líderes en el Cártel de Sinaloa, fueron acusados de tráfico de fentanilo y delitos relacionados con armas.
De acuerdo con un comunicado, el trío llegó el martes procedente de México —como parte de los 26 narcotraficantes entregados por México a Estados Unidos— y fueron llevados ante un juez en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York para la lectura de los cargos.
Según la acusación, Gil Acosta y Zazueta Pérez eran líderes del aparato de seguridad de Los Chapitos, como se conoce a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo, cofundador del Cartel de Sinaloa, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos.
Indica además que Gil Acosta se desempeñó como líder de un grupo de sicarios encargados de proteger los laboratorios de fentanilo y las rutas de distribución de Los Chapitos, y traficaba personalmente con esta droga fabricada en esos laboratorios.
Zazueta Pérez fue responsable de brindar seguridad en el estado de Sinaloa, incluso protegiendo las operaciones de fentanilo de Los Chapitos mediante secuestros, torturas y asesinatos con ametralladoras y otras armas, asegura el Gobierno de Estados Unidos.
Afirma además en la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur que Gil Acosta y Zazueta Pérez participaron en ataques contra funcionarios del gobierno y militares mexicanos, incluso durante los esfuerzos fallidos de las autoridades mexicanas en octubre de 2019 para arrestar a uno de Los Chapitos.
En concreto, durante esa operación, Gil Acosta lideró a sicarios armados con fusiles AK-47, M-16 y AR-15 y Zazueta Pérez, con un AR-15 y un lanzagranadas, en los ataques contra estos.
Las autoridades se refieren a un sangriento tiroteo que se desató en octubre en Culiacán (Sinaloa) en un intento por evitar la detención de Ovidio Guzmán López, quien luego fue liberado por el gobierno mexicano alegando razones de seguridad. En 2023 fue arrestado finalmente y extraditado a Estados Unidos.
El pasado julio Guzmán López se declaró culpable en un tribunal de Chicago y cooperará con las autoridades de Estados Unidos como parte del acuerdo. La condena que debe cumplir aún no se conoce. Su hermano Joaquín, también detenido en Chicago, está intentando llegar también a un acuerdo con Washington.
Sus hermanos Iván y Alfredo Guzmán Salazar, siguen prófugos en México.
Mientras que García Corrales era un proveedor de fentanilo que trabajó con el cartel y produjo la droga en toneladas. Además, supervisó la importación a Estados Unidos y conspiró con otros para organizar su veta a cambio de armas de uso militar, para promover y proteger sus actividades de narcotráfico.
Acosta, de 35 años; Zazueta Pérez, de 29, y García Corrales, de 55, fueron acusados en concreto de un cargo de conspiración para importar fentanilo, que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años y cadena perpetua.
Un segundo cargo cada uno de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, con una sentencia de entre 30 años y perpetua y otro de conspirar para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, que conlleva la máxima condena. Como parte del acuerdo de extradición con México, no se impone la pena de muerte.
Con información de Latinus
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Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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