Expertos de la ONU urgen al gobierno mexicano resguardar los restos hallados en el rancho Izaguirre

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A cinco meses de los hallazgos de restos humanos calcinados en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el Estado mexicano no ha dado respuesta a mecanismos de supervisión en materia de derechos humanos de Naciones Unidas. 

En junio pasado urgieron a las autoridades mexicanas a rendir un informe sobre los avances en la investigación del caso, así como de la situación forense, de protección a defensores y sobre la reformas legislativas en materia de desaparición, entre otros temas.  

El pasado 4 de junio, los grupos de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y sobre Detención Arbitraria, así como las relatorías especiales sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos y sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, dirigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum, como jefa de Estado, una comunicación con cuestionamientos que hasta ahora no han tenido respuesta por parte de México.  

En un documento, dado a conocer el 13 de agosto por las distintas oficinas de la ONU, que analizaron denuncias recibidas por colectivos de familiares de víctimas de desaparición y organizaciones que las acompañan, se urge al gobierno de Sheinbaum asegurar “el resguardo de los restos encontrados para su posterior identificación y entrega digna a los familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas arbitrariamente” en el rancho Izaguirre. 

De acuerdo con las evidencias y los testimonios de sobrevivientes y presuntos involucrados, el mencionado rancho sería un espacio de reclutamiento forzado donde algunas víctimas de esa práctica, atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron ejecutadas y sus restos calcinados.  

Los expertos que integran los mecanismos de la ONU, transmitieron su preocupación “por el hallazgo de lo que pareciera ser al menos tres hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco y las supuestas omisiones en las dos visitas realizada por la Fiscalía de Jalisco en el mes de septiembre de 2024, incluida la falta de inspección exhaustiva del lugar en el que posteriormente se encontraron restos óseos calcinados, prendas y otras pertenencias”.  

Tras recomendar el uso del Protocolo de Minnesota para realizar la indagatoria, los expertos consideraron que “las investigaciones deben tratar de identificar no sólo a los autores directos, sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos, por ejemplo, los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en la muerte”.  

Los expertos respaldaron el informe de seguimiento del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), emitido en 2022, sobre todo en lo que respecta a la prevalencia de 72 mil personas fallecidas sin identificar, que se encuentran en fosas comunes de panteones, servicios forenses de fiscalías, universidades y centros de resguardo forense. 

En esa cifra no están contabilizados los fragmentos humanos que las familias de personas desaparecidas y comisiones estatales de búsqueda han localizado y recolectado en fosas clandestinas. 

Tras dar una serie de recomendaciones sobre la identificación de los restos humanos encontrados de manera clandestina y las formas más dignas de entregar a sus familiares, los expertos de la ONU recordaron al gobierno de México su obligación de buscar a las personas desaparecidas. 

Así mismo, le señalaron al Estado mexicano se responsabilidad en “garantizar la participación e las familias, víctimas y colectivos en todas las medidas jurídicas, políticas de búsqueda e investigación que se lleven a cabo en relación con la dimensión estructural de las desapariciones como en su casos particulares”. 

En concordancia con las recomendaciones del CED en sus reportes de país, los expertos llamaron a evitar “una fragmentación en los procesos” y promover en cambio “una articulación y coordinación eficiente entre autoridades encargadas de la búsqueda e investigación” en todos los niveles, así como establecer una metodología clara para investigar las desapariciones forzadas y los delitos en los que participan autoridades del Estado mexicano, “abarcando los casos de desapariciones del pasado y de larga data”. 

Los integrantes de mecanismos de supervisión también expresaron su preocupación por “las alegaciones de amenazas y ataques contra las agrupaciones de personas buscadoras, el efecto intimidatorio que estos hechos tendrían sobre los colectivos de búsqueda que realizan sus labores en un ambiente de constante intimidación, inseguridad y riesgo por parte de grupos cuyos intereses se ven afectados por acciones de búsqueda, como lo es el crimen organizado”.  

Alertaron: “Es sumamente preocupante que, a pesar de las denuncias presentadas sobre estos ataques, los casos se mantengan en impunidad y que no se hayan proporcionado medidas de protección efectivas a quienes ejercen esta legítima labor”.  

Y es que, entre la información que recabaron los especialistas, están las denuncias por los asesinatos de María el Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, acribillados después de los hallazgos, y que formaban parte un colectivo de búsqueda de Jalisco, así como amenazas recibidas por integrantes de buscadoras que ingresaron al rancho Izaguirre.   

Como personas designadas para sus mandatos por el Consejo de Derechos Humanos, los especialistas enlistaron once cuestionamientos puntuales para ser respondidos por el gobierno de Sheinbaum, con la advertencia de que tanto la comunicación como sus respuestas serían hechas públicas 60 días después de que el Estado mexicano fuera notificado. 

Los expertos preguntaron sobre las medidas tomadas para resguardar y procesar los restos óseos y los objetos personales hallados en el rancho Izaguirre, así como la forma en que fueron entregados a sus familias; sobre el uso de protocolos internacionales para la investigación; sobre las investigaciones que realizó la fiscalía de Jalisco en septiembre de 2024; las medidas adoptadas para enfrentar la crisis forense y que medidas de protección ha proporcionado a los colectivos de buscadores en Jalisco: 

“Tomando en cuenta los riesgos específicos que enfrentan en el ejercicio de su labor, así como sus necesidades particulares”, considerando la perspectiva de género, así como informar sobre las medidas tomadas por el gobierno de Sheinbaum “para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan llevar a cabo su labor legítima en materia de derechos humanos sin temor a represalias como amenazas, lesiones y muerte”. 

Al solicitar información sobre las investigaciones de las muertes de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez; los avances de la investigación sobre desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el rancho Izaguirre, y la sanción a los responsables. 

Los expertos pidieron a Sheinbaum dar cuenta de los avances de las recomendaciones que le hizo el CED en el informe de país de 2022; sobre las consultas a las familias en torno a las reformas a la Ley General en materia de Desaparición y la Ley General  de Población; sobre las medidas tomadas por el gobierno de México para “prevenir el reclutamiento forzoso, los actos de tortura, la explotación laboral y sexual, adicionalmente a otros abusos graves de los derechos humanos por parte de grupos criminales”. 

Específicamente se cuestionaron las medidas para proteger a niños y niñas del reclutamiento forzoso, en apego al Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, y por último, las medidas tomadas para “abordar las causas estructurales de la explotación laboral y sexual que pueden ascender a formas contemporáneas de esclavitud”.  

Acompañada de anexos técnicos sobre los fundamentos internacionales de derechos humanos, sobre los que se basa el documento, la comunicación fue firmada por la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Gabriella Citroni; el vicepresidente de comunicaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Matthew Gillett; el relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Morris Tidball-Binz; la relatora especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, y el relator especial sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Tomoya Obokata.  

El documento de los expertos de la ONU, no tuvo respuesta por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum.  

Con información de: Proceso.