Mamá del niño Fernando denuncia amenazas de la policía de La Paz para abandonar el caso

NEZAHUALCÓYOTL, Edomex. (apro).- Noemí “N”, madre de Fernandito, el niño de 5 años que fue secuestrado en garantía de pago por una deuda de su mamá y después privado de la vida, aparentemente por los prestamistas, denunció amenazas por parte de la Policía de Género de La Paz para obligarla a desistirse del caso y cambiar de defensa jurídica.  

Por tal razón, su equipo jurídico anticipó la promoción de una denuncia por estos hechos, y otra por omisión de las autoridades municipales y de la Fiscalía mexiquense para rescatar oportunamente al niño. Noemí también anunció que retomará la representación legal por parte la organización “Amor y Rabia”.  

Las amenazas  

En conferencia de prensa, acompañada por familiares, integrantes además de las asociaciones Defensoría en Derechos Humanos y Liberty Childs, y de Fabiola Villa, su exabogada, Noemí y sus hermanos, Alfredo y Cecilia, narraron que, previo a la audiencia celebrada el pasado lunes, elementos de la Policía de Género de La Paz los trasladaron a los juzgados de Nezahualcóyotl, en donde se celebran las diligencias relacionadas con el secuestro y homicidio del menor.  

Originalmente, los tres serían trasladados en la misma patrulla; después, fueron divididos: Noemí fue llevada en una unidad, mientras sus hermanos en otra diferente.  

Noemí detalló que en el trayecto a los juzgados, los uniformados le advirtieron que debía cambiar de representante legal y designar otro abogado que trabaja en el DIF Municipal, pues de otra manera podría ser responsabilizada -como tutora- de la muerte del menor por desatención. “Me dijeron que si yo no hacía lo que ellos decían, hasta yo podría ir a la cárcel”, planteó.  

Refirió que, adicionalmente, vía WhatsApp, recibió dos mensajes de audio en los que la presionaban para abandonar el caso, bajo amenaza de dañar a sus hermanos, aunque por temor y para evitar mayor presión psicológica, optó por cambiar su chip y al insertar el nuevo y reiniciar el teléfono, esos mensajes se eliminaron.  

Explicó que, por esta razón, previo a la segunda audiencia, pidió la revocación de Fabiola Villa como su abogada y aceptó como defensor a un abogado del DIF Municipal, quien ese día no pudo asumir el cargo porque en ese momento no llevaba su cédula profesional, por lo que durante la diligencia fue asistida por una defensora de oficio.  

“Yo cambié a mis abogados porque sufrí amenazas de la policía… fueron los policías de género, (dijeron) que si yo no quitaba, me iba a pasar algo o a mi familia”, expuso.  

La reflexión  

Después de la audiencia, al analizar con sus hermanos lo ocurrido, la familia de Noemí determinó renunciar a la “asistencia” de la Policía de Género por pérdida de confianza, y recuperar la representación jurídica de “Amor y Rabia”, aunque, en afán de facilitar el proceso, se acordó que no sea Fabiola Villa, sino Alán Girón, integrante del mismo organismo, quien se desempeñe, en lo sucesivo, como titular del caso.  

Los abogados anticiparon que evaluarán la ruta jurídica para denunciar las amenazas de los uniformados y la omisión de las autoridades municipales y de la Fiscalía mexiquense para atender con prontitud el llamado de Noemí en el afán de recuperar con vida al niño.  

Según consta en la carpeta de investigación, fue el mismo día de la sustracción del menor, el 28 de julio, cuando la mamá acudió a un módulo de la Policía Municipal cercano a su domicilio, pero le dijeron que no podían intervenir porque antes debía presentar la denuncia.  

Después acudió al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, donde, afirma, “no me hicieron caso”.  

El 31 de julio, la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas le pidió que regresara el lunes porque no había Ministerio Público (MP) que la pudiera atender porque era fin de semana; el 03 de agosto regresó al MP y fue hasta el siguiente día cuando la Policía intervino.  

La familia de Noemí rechazó que haya tenido cualquier acercamiento con la gobernadora Delfina Gómez o haber recibido alguna llamada del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; también negó el apoyo psicológico, jurídico y médico que el ayuntamiento dijo, en un comunicado, les brindó.  

La abogada Fabiola Villa precisó que el municipio sólo cubrió los gastos funerarios, y que a la fecha sólo han tenido un acercamiento con Martha Guerrero, alcaldesa de La Paz, para pedirle que saque las manos del proceso legal, investigue y sancione a sus policías. Sobre lo primero, la presidenta municipal negó que exista interés, y en la segunda petición apenas comprometió que “checará” la actuación de los uniformados.  

Complicaciones  

Explicó que desde el fin de semana pasado, cuando se empezaron a señalar posibles omisiones gubernamentales, el caso comenzó a complicarse: les pusieron trabas para designar al equipo jurídico, en la Fiscalía ya no les reciben las llamadas, y la madre de Fernandito ni siquiera fue convocada a la audiencia de este miércoles en que se vinculó a proceso a los presuntos responsables por el secuestro con la agravante de homicidio.  

“El fin de semana todo se desató... quiero pensar que por los posibles cambios que puede haber en la Fiscalía”, dijo, aunque no descartó que detrás de los obstáculos se encuentre alguna instrucción dictada por el gobierno de Delfina Gómez para evitar el desgaste de la imagen de la administración municipal, también de extracción morenista.  

La abogada, sin embargo, precisó que su postura no es política sino en favor de las víctimas, también de otros casos que lleva. Negó tener militancia priista y, por el contrario, reconoció que hace años fue candidata del Partido del Trabajo (PT), un aliado de Morena, mientras actualmente no tiene ningún interés electoral y sí disposición al diálogo para que se haga justicia.  

Finalmente, Noemí y su familia admitieron que tienen miedo de cualquier represalia que pudieran tomar en su contra los familiares de los detenidos, y si bien ya se promovió la solicitud de protección ante la Fiscalía, las autoridades no han respondido.   

“Me siento amenazada porque vivo por donde viven los familiares de los acusados. Si me llega a pasar algo a mí o a mi familia, son ellos, (porque) no tengo problemas con nadie”, añadió Cecilia.  

Con información de proceso.com.mx