Pedro Cepeda confirma contratos existentes con empresas de reo extraditado a EU

El titular de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, confirmó que se le otorgaron contratos a la empresa Megamax, S.A. de C.V. relacionada con José Francisco Mendoza Gómez, uno de los reos extraditados por narcotráfico a Estados Unidos el pasado martes.

De acuerdo con el medio Artículo 7, el gobierno de Tamaulipas otorgó 27 millones de pesos en contratos a esta empresa y en dichos documentos aparecen los nombres de Mendoza Gómez y de su pareja sentimental Yasmin Garza Quintanilla.

Según el medio, Cepeda Anaya declaró que la Secretaría de Obras Públicas le otorgó dicha cantidad a Megamax y que “fueron seis contratos, cuatro públicos y dos pequeños por invitación”.

Asimismo, Cepeda Anaya rechazó que la otra empresa, JF Konstruyendo, tenga alguna relación con el sujeto que fue puesto a disposición de las autoridades estadounidenses.

Según la publicación de la reportera Shalma Castillo, la Secretaría de Obras Públicas del estado habría otorgado contratos por 70 millones de pesos a Mendoza Gómez mediante las dos empresas, Megamax y JF Konstruyendo.

En un vídeo publicado en redes sociales, Cepeda Anaya reconoció que se le dieron contratos hasta el 2023 a la empresa Megamax y apuntó que en los registros oficiales no aparece el nombre de Mendoza Gómez, ni como propietario o representante legal.

En una conferencia de prensa en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, José francisco García Flores, quien se identificó como apoderado y representante legal de JF Konstruyendo, deslindó a la empresa de Mendoza Gómez.

Además, aseguró que enviará una copia certificada del acta constitutiva de JF Konstruyendo al gobierno del estado para señalar que no hay relación con la persona extraditada.

Este martes el gobierno federal informó que fueron trasladados a Estados Unidos 26 reclusos que se encontraban en distintas prisiones del país; entre ellos están narcotraficantes y líderes criminales que en su momento fueron los más buscados por las autoridades, como “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios, y “El Cuini”, segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, estas personas enfrentan cargos como narcotráfico, secuestro, tráfico de personas, homicidio y lavado de dinero.

Con información de Latinus. 

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Lucha Castro acusa “traición al pueblo” la ausencia de diputadas de Morena que permitieron el crédito de 3mil mdp

La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.

“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.

En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.

Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.

Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.

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