Delegado de la FGR en Tabasco es imputado por abuso y hostigamiento sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a su delegado en Tabasco, Martín Rivera Cisneros, por hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación en agravio de una trabajadora de la misma institución. 

Este martes se realizó la audiencia inicial contra Rivera Cisneros en la que la FGR solicitó ante el juez de control Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, vincularlo a proceso por los mencionados delitos. 

Sin embargo, la defensa de Rivera Cisneros le solicitó al juez no resolver, por ahora, su situación jurídica para poder reunir pruebas a su favor con las que buscará evitar ser vinculado a proceso. 

Por ello, el juez concedió la duplicidad del término constitucional y reiniciará la audiencia el próximo 25 de agosto a las 8:00 horas para determinar si lo vinculará o no a proceso. 

Proceso informó el pasado 9 de mayo que desde noviembre de 2017 Ana “N”, cuyo nombre fue modificado por razones de seguridad, intentó denunciar, sin éxito, a Rivera Cisneros ante diversas autoridades de la extinta PGR por realizarle tocamientos, insinuaciones, enviarle mensajes y cartas de índole sexual entre 2016 y 2017 cuando él era titular de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero. 

Cuando al fin pudo denunciarlo ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Ana “N” se enfrentó a advertencias de que denunciar no le garantizaría que corrieran de su trabajo a su agresor. 

En septiembre de 2019 el ministerio público federal decidió no proceder penalmente en su contra, pero tal determinación fue revocada por una jueza de control el 5 de noviembre de ese año al considerar que hubo falta de análisis sobre la asimetría de poder existente entre Ana y su agresor y que la institución actuó con parcialidad durante la investigación. 

Por ello, la juez ordenó enviar la carpeta a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI), por tratarse de un servidor público activo, pero después de cuatro años nuevamente decidió no proceder penalmente en su contra. 

La decisión fue revocada nuevamente el 7 de noviembre de 2022 por un juez de control y sólo así este año la FEAI decidió judicializar el caso. 

Pese a la investigación en su contra, en el año 2024 el fiscal Alejandro Gertz Manero designó a Rivera Cisneros como delegado de la institución en Tabasco en sustitución de Israel Salas Romero. 

Con información de Proceso. 

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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