FMF anuncia medidas tras episodios de violencia en la Jornada 5 de la Liga MX
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de los episodios de violencia que se dieron en el marco de la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Puebla, la Federación Mexicana de Futbol (FMF), anunció una serie de medidas con las que esperan mitigar el desbordamiento de los actos que pongan en riesgo la integridad de los asistentes a los partidos.
A través de un comunicado, la FMF dio a conocer tanto “medidas de control” como “acciones correctivas” en otro intento por detener este tipo de actos que siguen apareciendo alrededor del balompié mexicano, entre las que destaca el buscar que las autoridades correspondientes hagan la tipificación legal de la violencia en los estadios como un delito, punto que ha referido en múltiples ocasiones.
Asimismo, como parte de las medidas de control, aplicables a partir de este viernes con el inicio de la Jornada 6, tanto la FMF como la Liga MX adelantan que habrá una mayor coordinación con los tres niveles de gobierno para incrementar los operativos de seguridad implementados para los partidos, además de incrementar el número de elementos destinados al cumplimiento de los mismos, además de fortalecer los trabajos de inteligencia que se comparten tanto en clubes como en autoridades para la “toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas.
En cuanto a las acciones internas al seno de la Liga, se ha pedido a los equipos que remitan a todas las personas involucradas en actos violentos a los juzgados cívicos y ministerios públicos instalados en los escenarios deportivos, así como fortalecer las campañas en contra de la violencia en los estadios para sensibilizar a los aficionados a generar entornos seguros y familiares.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
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Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
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