"Manitas” y Fovissste, escándalos que arrastran dos nuevos diputados en Coahuila

SALTILLO, Coah. (Proceso).– En la próxima legislatura local en Coahuila ocuparán curules dos sonorenses que dejaron su estado de origen en diferentes épocas, pero en medio de escándalos por fraude electoral y económico: Carlos Robles Loustaunau, quien es actual dirigente estatal del priísmo coahuilense y repite con una posición plurinominal, y Óscar Alberto Cano Jiménez, dirigente de Nuevas Ideas, partido que en su primera elección se convirtió en la tercera fuerza política en el estado y tuvo su apoyo en parte de las bases creadas por Humberto Moreira Valdés.

El padre de Cano Jiménez fue integrante del grupo político en el que también sirvió Robles Loustaunau en Sonora: el de Manlio Fabio Beltrones, quien fue secretario de Gobierno en la administración de Rodolfo Félix Valdés, mientras que el hoy líder del tricolor en Coahuila tuvo a su cargo la Procuraduría General de Justicia en 1985.

Tres años después, Robles Loustaunau fue presidente municipal en Hermosillo durante tres meses y salió huyendo en medio del escándalo del fraude electoral conocido como “Manitas” y que consistió en el relleno de urnas con boletas marcadas con las propias manos de sus simpatizantes, quienes se llevaron las urnas a domicilios particulares.

Tras su obligada renuncia se refugió en el PRI de Coahuila y ha sido de los colaboradores cercanos del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien lo nombró secretario del ayuntamiento, líder del tricolor y, ahora, dos veces diputado local plurinominal.

En tanto, el padre de Cano Jiménez ocupó la Tesorería y la Secretaría de Planeación en el gobierno de Beltrones, 1991 a 1997, y ocupó la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) del 2012 al 2018 en la administración de Enrique Peña Nieto.

Proceso publicó en su edición 2356 un extenso reportaje de cómo se operó desde esa dependencia federal el fraude al Fovissste, estimado en 68 millones de pesos: la empresa Soluciones Emprendedoras del Norte, fundada por Cano Jiménez en sociedad con el político priista chihuahuense Omar Bazán Flores, y a quien le vendió las acciones después de asumir la dirección de SHF, gestionaba los créditos de vivienda, pero el pago fue a dar a cuentas diferentes a las de los dueños de las propiedades.

Óscar Alberto Cano Jiménez fue director general de dicha empresa desde su fundación (en el 2007), dejó el cargo cuando se dio a conocer el fraude que afectó a más de 80 personas en distintos estados, incluyendo Coahuila. Fovissste interpuso la denuncia correspondiente, pero a la fecha se desconoce el resultado.

En su trayectoria política tiene antecedentes en el PRI sonorense, donde fue parte de la dirigencia juvenil del tricolor, así como en carteras del comité estatal y la CNOP. También ocupó una regiduría en Hermosillo y dirigió el comité municipal del tricolor.

En 2018 perdió la elección a diputado local y al trascender el fraude al Fovissste dejó la dirección de la empresa involucrada y siguió en la fundación que lleva el nombre de su padre, misma que desde hace varios años no registra actividad en redes sociales.

Se desconoce cuándo llegó a Coahuila, pero hace apenas unos meses empezó a figurar como líder de Nuevas Ideas, partido fundado por la familia Puente: Edgar y su hijo Israel, quienes antes operaron el Partido Joven y apoyaron al partido Unidos, dirigido por Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo de Humberto Moreira Valdés; al exgobernador lo ubican detrás de dicho organismo político debido a que en sus filas se observan a algunos de sus excolaboradores, principalmente del magisterio y lideresas en colonias.

Diputados, “sin compromiso con la sociedad”

El “carro completo” para el PRI en la elección de diputados locales del 7 de junio último es visto con desencanto por sectores ciudadanos como las víctimas de delitos, pues en las últimas legislaturas, donde también el tricolor tuvo la mayoría, han evidenciado el desinterés de los integrantes del Congreso en problemas como la desaparición de personas.

Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris y quien lleva casi dos décadas desaparecido, señaló que es peligroso para la sociedad que el gobernador haya impuesto con “su planilla” a integrantes del Poder Judicial y que ahora siga teniendo el control del Legislativo.

“Nuestra lucha no ha sido política; está fuera de partidos políticos porque hemos visto que ellos sólo se disputan el poder por el poder y no les importan las luchas o necesidades sociales que hay a lo largo del estados, y más este dolor de los familiares de personas desaparecidas nunca les ha importado”, señaló.

El que Jiménez Salinas sea quien controle todas las instituciones implica para Iris García que el Legislativo esté sometido y que, en materia presupuestal, por ejemplo, sus integrantes no analicen ni debatan las propuestas enviadas por el Ejecutivo.

Señaló que lo que han visto es la reducción del presupuesto hacia la Comisión Estatal de Búsqueda contra lo que se destina a la publicidad o a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de Coahuila, la cual tampoco aporta mucho al análisis de las violaciones.

Dicha institución recibió en 2025 un total de 39 millones 600 mil pesos como parte del convenio que cada año se establece con el gobierno del estado, mientras que la Comisión de Búsqueda recibió 29 millones, pero la mayor parte proceden del gobierno federal. Para este 2026 la CEB fue castigada con la disminución de un presupuesto de 16.3 millones y la AIDH mantuvo la misma cantidad de recursos, mientras que para el gasto en publicidad se autorizaron 600 millones de pesos.

Iris García cuestionó, con dichas cifras aprobadas por los hombres y mujeres en el Poder Legislativo, cuáles son las prioridades en un estado controlado por el mandatario estatal.

Issa Mariel García Ruiz, integrante de una colectiva de víctimas de violencia vicaria, coincide en que la mayoría del PRI en el Congreso no garantiza atención legislativa en temas que afectan a las mujeres.

Como ejemplo, recordó que Luz Elena Morales Núñez, hoy diputada electa y quien sumará tres legislaturas en el cargo (casi una década) modificó una iniciativa para que el delito de violencia vicaria no se considerara exclusivamente en contra de la mujer, provocando graves violaciones a los derechos de la población femenina en el estado.

“Hubo una promesa de ella que empezarían a tipificar el delito considerando sólo a las mujeres como afectadas, pero la realidad es que no tenemos esperanza en ello porque precisamente el PRI, sobre todo Luz Elena, son quienes no permitieron la correcta homologación para considerarla como violencia de género y dejando una laguna legal para cambiar en esas leyes la palabra mujeres por la de personas y con ellos dejando a cientos de mujeres vulnerables”.

Aunado a ello, García Ruiz señala que lo que ha hecho el Congreso es inexplicable al simular un análisis sobre el caso, pero con organizaciones nacionales y no con las del estado de Coahuila y las propias víctimas.

“Realmente no vemos claro que se ponga un plazo o se nos invite a una comisión local o estatal, para que las víctimas o sobrevivientes de violencia hablen. En lugar de eso, el Congreso de Coahuila ‘negocia’ con colectivas nacionales que no tienen el contexto de lo que vivimos aquí”, expresó.

Otro ejemplo, dijo, es que pese a que, en marzo, tras los casos de Stella y Karina (dos mujeres procesadas por violencia vicaria, y a Karina se le reclasificó el delito por violencia familiar), el Poder Judicial del Estado emitió un pronunciamiento para pedir al Legislativo que hiciera las reformas necesarias; el Congreso de Coahuila no lo ha hecho.

Actualmente el PRI tiene la mayoría con sus todavía aliados del PAN y PRD, así como UDC y en ocasiones tiene el apoyo del Verde, con lo que suma hasta 20 de los 25 votos.

Tras elección llega represión

Iris García, también integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, dijo que es lamentable la serie de declaraciones hechas por el gobernador de Coahuila tras el triunfo del PRI, denostando a opositores a los que acusa de que “intentaron grillar y acosar a la población”.

“Nos preocupan más los actos y declaraciones del gobernador Manolo Jiménez por la represión que ha existido contra las personas que han expresado no estar a favor de sus formas ni del PRI. Esto lo vemos con represión a la libre expresión, al libre tránsito y libre discernimiento. La verdad es lamentable y preocupa que ante estas declaraciones pueda haber un ataque contra las personas que nos estamos declaramos en contra de todo lo que pasó (en las elecciones)”, consideró.

Ante la ausencia de equilibrios, Iris García dijo que este escenario provoca que las decisiones que se tomen sean de forma unilateral y no haya quien vea por las víctimas. Teme que puedan desatarse situaciones como las que motivaron las desapariciones de hace años, entre las que se encuentra la de su hijo.

“Tendremos que estar en estos momentos más atentas, porque no podemos permitir que esto siga sucediendo, como cuando ocurrió lo de nuestros seres queridos, que los desaparecieron en aquella época de 2009, y que los medios de comunicación estaban cooptados como ahora y la seguridad estaba al borde de lo peor que puede pasar en este estado. Que el olvido jamás llegue y la memoria prevalezca”, señaló.

Iris García puntualizó que la sociedad debe asumir un compromiso de monitorear el comportamiento de los entes públicos y personajes políticos, a fin de que se rompa el pacto de impunidad y acabe el bloqueo para acceder a la justicia.

“Con esto del control absoluto del gobernador vemos más lejos la justicia, que de por sí no la hay; imaginemos que ahora estará mucho más lejos. Aun así seguiremos construyendo y fijando las bases, en espera que algún día esta semilla florezca y pueda haber justicia para el pueblo”, consideró.

Fuundec vio ya esa represión el pasado 11 de junio, cuando guardias del Palacio de Gobierno salieron con armas largas para evitar que realizaran la “Cascarita contra la impunidad” en el marco de las actividades de colectivos para visibilizar las desapariciones durante el Mundial de Futbol.

Funcionario y operador priista

Al quedar validada la elección del 7 de junio, el resultado no cambió respecto del triunfo del PRI en los 16 distritos locales, pero la cifra en votos refleja un crecimiento moderado en las preferencias hacia el tricolor.

El tricolor obtuvo por sí solo 651 mil 086 sufragios, que representan casi 150 mil más que la cantidad de personas que participaron en el proceso interno para elegir a Manolo Jiménez Salinas como candidato a la gubernatura en el 2023.

En relación con el porcentaje de las preferencias en el 2020, cuando se realizó una elección igual, el PRI obtuvo el 49.85 por ciento de la votación, equivalente a 436 mil 635 sufragios, mientras que en esta elección alcanzó el 53.66 por ciento.

En el 2020 la elección se realizó en medio de la pandemia por covid 19 y hubo una participación ciudadana del 39%, mientras que este año acudieron a las urnas 51 de cada 100 electores.

La oposición señala que el voto obtenido por el PRI, que en esta ocasión fue en alianza con Unidad Democrática de Coahuila, se debió al manejo de los programas sociales que en el estado opera el primo político del gobernador, Gabriel Elizondo Pérez, a través de la estrategia “Mejora”.

De acuerdo con datos del sitio de transparencia del gobierno del estado, el funcionario combinó esta tarea al mismo tiempo que era el responsable de Secretaría de Activismo Político del PRI, donde intensificó su labor partidista desde el mes de febrero. Sus discursos eran similares en ambos espacios: alabar el trabajo de Jiménez Salinas y enaltecer la imagen de éste y su actividad fue más constante en el partido que como funcionario público.

Elizondo Pérez. Manejo de programas sociales. — Foto: Facebook.

Proceso realizó una revisión constante al sitio electrónico de la nómina estatal, en la constató que, hasta el 30 de abril del presente año, que es la última actualización de la página, Gabriel Elizondo aparecía como funcionario público y para esas fechas ya había sido registrado como candidato plurinominal ante el Instituto Electoral de Coahuila, organismo que no se pronunció al respecto.

Meses antes, el gobierno estatal desplegó una campaña de publicidad denominada “Mejora, llegó la hora” en bardas de colonias populares, espectaculares y medios electrónicos, y en los eventos se privilegiaba la imagen del funcionario y el gobernador.

Morena y el Partido del Trabajo afirman que fue a través de dicha dependencia pública desde donde se operó la compra de votos por Elizondo Pérez, quien se encarga también de la estructura partidista del tricolor, principalmente a través de las llamadas lideresas de colonias que se hacen llamar “coordinadoras” o “gestoras sociales” y que son responsables también de integrar los padrones de beneficiarios de los programas sociales del estado, empezando por la tarjeta “La mera mera”.

“Era una lucha de imagen. Manolo Jiménez no iba a permitir ver reducido su ego en esta elección cuando su narrativa es que él domina todo y con su policía siembra el terror a quien lo enfrenta. La violencia la vimos en las elecciones con el acoso policiaco hacia nuestra militancia. Ahora lo minimiza, pero se documentó cómo fueron cada una de las detenciones” dijo Diana Hernández, representante del PT en el IEC.

Con información de Proceso.