De la elección a los tribunales: los retos y pendientes que enfrentan los jueces estatales en México

Garantizar el acceso expedito de las personas a la justicia cuando lo requieran, actuar con independencia, construir legitimidad, acabar con la acumulación de expedientes abiertos sin resolver y lidiar con las deficientes capacidades institucionales, son algunos de los principales retos que enfrentarán los poderes judiciales estatales de las entidades donde se eligieron por voto popular jueces el 1 de junio pasado y que, a partir de septiembre, comenzarán a incorporarse a sus respectivos puestos de trabajo, plantean expertos consultados por El Economista.

Si bien esos retos son prácticamente los mismos que enfrenta el poder judicial en su conjunto —tanto el federal, como los estatales—, cuando comiencen a trabajar los jueces electos democráticamente, serán ellos los que llamarán la atención, pues de su desempeño dependerá saber si fue una buena decisión realizar los cambios que implicó la reforma de 2024 en la materia.

Entre el 1 de septiembre y el 5 de noviembre de 2025, asumirán sus cargos los 1,800 jueces y magistrados estatales electos el pasado 1 de junio.

Se trata de las primeras personas juzgadoras en el ámbito estatal que fueron electas por voto directo en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, donde viven más de 75.5 millones de personas, que representan 58.3% de la población mexicana.

Camilo Saavedra Herrera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recuerda que desde hace más de 20 años se han realizado diagnósticos en los que se alerta sobre factores que contribuyen al deficiente acceso a la justicia en el país:

•La brecha entre el diseño institucional y las condiciones reales de operación de tribunales, ministerios públicos y comisiones de derechos humanos.

•La inclinación de la sociedad mexicana a resolver conflictos por vías no institucionales.

•La desatención a la formación y regulación de la profesión jurídica.

•La ausencia de normas y políticas judiciales basadas en evidencia.

El problema es que esa situación subsiste. En su opinión, la reciente reforma judicial no atacó las brechas estructurales que generan un acceso a la justicia desigual en México. No sirvió para propiciar la democratización de los servicios de juzgados federales y estatales.

Aunque ahora la ciudadanía puede votar por las personas que ocuparán los cargos jurisdiccionales, la posibilidad de acceder efectivamente a los tribunales sigue siendo igual o incluso más limitada que antes porque no se mejoraron las capacidades institucionales para atender a la población ni tampoco hubo una reforma a las fiscalías del país. Así lo expone en el análisis “La reforma judicial: otra oportunidad perdida para mejorar el acceso a la justicia en México”.

Desde su perspectiva, la reforma judicial no sentó las bases para mejorar las capacidades institucionales de los poderes judiciales ni promovió cambios para hacer menos complejo y costoso litigar, ni intentó mejorar la regulación de la profesión jurídica

En entrevista, el investigador expone que, teniendo presente que cada entidad tiene sus particularidades, los retos de los poderes judiciales estatales donde se eligieron jueces por voto popular se pueden agrupar en dos conjuntos. Por un lado, los relacionados con las expectativas que se crearon cuando se aprobó la reforma judicial de 2024, por ejemplo, la legitimidad e independencia y por otro lado, los que tienen que ver con la operación del sistema de justicia y con garantizar a las personas el acceso a la justicia, lo cual tiene que ver con asuntos como la atención de rezagos.

Legitimidad

Susana Camacho, coordinadora general del Programa de Justicia de México Evalúa, señala que los jueces electos por voto popular tendrán que probar que la forma en que llegaron a esos cargos es efectiva para escoger buenos perfiles.

En ese sentido considera que hay que tomar en cuenta que muchos jueces electos no tienen experiencia en la impartición de justicia.

Al respecto, Camilo Saavedra Herrera refiere que cuando los nuevos jueces estén en funciones no solo van a tener que cumplir con la operación del sistema, sino actuar de acuerdo con las expectativas que se crearon con la reforma. Eso tendrá que ver con las decisiones que tomen en materia administrativa, la forma en que se acercan a las personas, etcétera.

El académico menciona que en la tarea de construir legitimidad tiene que ver, al menos en parte, la capacidad personal y creatividad institucional de cada persona juzgadora, que le permita establecer acciones que aproximen la justicia a las personas.

Independencia

Otro reto que enfrentarán es la presión política que habrán de enfrentar las personas juzgadoras luego de haber hecho campaña política para ganar su cargo, particularmente de la que ejerzan quienes los apoyaron para llegar a sus puestos, indica Susana Camacho.

“En la mayoría de las entidades se identifica que los gobiernos y los partidos que tienen las mayorías fueron quienes definieron quienes quedaron como jueces”, manifiesta en entrevista.

Por su parte Camilo Saavedra Herrera enfatiza que, a nivel de diseño, la reforma básicamente lo que hizo fue afectar las bases jurídicas de la independencia judicial y de dos maneras. Primero obligó a los candidatos a jueces a hacer campaña y con ello acercarse a organizaciones que les ayudaran a movilizar personas para ir a votar y, segundo, si hay jueces que no se disciplinen, éstos pueden ser sancionados por los tribunales de disciplina judicial.

Remarca que la independencia de los poderes judiciales estatales siempre ha sido cuestionada.

Tribunales de Disciplina Judicial

Para Susana Camacho el mayor reto de los jueces será enfrentar a sus respectivos tribunales de disciplina judicial, los cuales tendrán amplias facultades para sancionarlos.

En ese caso en específico refiere que habrá que verse qué tanto se respeta la independencia de esos tribunales.

Acceso a la impartición de la justicia

El artículo 17 constitucional señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos (la Real Academia de la Lengua Española dice que eso quiere decir sin obstáculos) para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Camilo Saavedra Herrera considera que uno de los retos es que los cambios que hubo en los poderes judiciales estatales afecten lo menos posible la atención de los asuntos.

Rezago

Uno de los primeros retos que enfrentarán los jueces electos será la acumulación de expedientes que se encontraron al llegar a sus juzgados y tribunales.

Si bien no hay estadísticas públicas que permitan saber con exactitud cuántos asuntos pendientes encontrarán cada uno de los nuevos jueces, sí se puede tener una idea de ello tomando en cuenta los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en diciembre de 2024 y actualizados el 25 de abril pasado.

En 2023 ingresaron a los poderes judiciales estatales de esas 19 entidades, un millón 360,677 asuntos. Ese mismo año se declararon concluidos 800,039.

Al analizar los datos debe tomarse en cuenta que hay casos abiertos de diferente índole que ingresaron a esos sistemas de impartición de justicia en años anteriores. Lo que sí llama la atención es que ese mismo año solo se emitieron 421,999 sentencias en todas esas entidades.

Las estadísticas muestran que, si bien hay más casos ingresados en las entidades con mayor población, destacan algunos casos como Aguascalientes donde, si se ordenan los 19 estados donde hubo elección de jueces en 2025, en función de su población, esa entidad se ubicaría en el lugar 16, pero se encuentra en la posición 10 si se considera el número de asuntos ingresados.

Lo mismo ocurre con Nayarit, que es el 18 de esos 19 en número de habitantes, pero el 13 en cuanto asuntos iniciados. O también Veracruz, que es el tercero más poblado de ese grupo, pero ocupa el lugar siete en cuanto a asuntos iniciados.

Infográfico EE

Si bien es muy importante remarcar que en un año no necesariamente se resuelven los casos que ingresan ese mismo año y que muchos casos tardan muchos años en resolverse, si se compara el número de casos ingresados en 2023 con el número de casos resueltos, en Durango el número de asuntos concluidos equivalió a 32.5% de los ingresados; en Ciudad de México 33.2%; Tlaxcala 37.7% y Yucatán 47.1%.  

En tanto, en Nayarit, Michoacán, Estado de México y Tamaulipas el número de casos resueltos equivalieron a 80% o más de los casos que ingresaron ese año.

Capacidades institucionales

Los expertos consultados llamaron la atención sobre las capacidades institucionales de los poderes judiciales estatales.

Muchos enfrentan serios problemas de presupuesto, por ejemplo, el de la Ciudad de México, donde los trabajadores de juzgados y tribunales padecen condiciones laborales precarias.

Camilo Saavedra Herrera subraya que en esta materia hay una enorme heterogeneidad en los estados, pero, en general, las capacidades institucionales no han mejorado.

“La democratización de la justicia tiene que ver, entonces, con fortalecer las instituciones del Estado para garantizar su acceso en mejores condiciones para la población”.

En opinión del académico, una alternativa para ello es el uso de la tecnología, pero insiste que para ello se requiere presupuesto.

El éxito o fracaso de la reforma no va a ser responsabilidad de quienes lleguen y estén a la cabeza de juzgados y tribunales, sino de la forma en que se integren a lo que ya existe en esos lugares, particularmente las burocracias. Parte de los cambios no tienen que ver con quitar a los titulares, sino mejorar el desempeño de los equipos, recalca.

En 19 entidades federativas las togas están listas para estrenarse y las oficialías de partes no han dejado de recibir asuntos de personas que se ven en la necesidad de tocar a las puertas de la impartición de justicia.

Con información de El Economista.