La ONU-DH llama al nuevo Poder Judicial a enfocarse en las víctimas de desaparición forzada
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llama al nuevo Poder Judicial a consolidar una política centrada en las víctimas, retomar recomendaciones de mecanismos internacionales en materia de derechos humanos y eliminar obstáculos de acceso a la justicia.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el organismo emitió un comunicado en el que reconoce avances en México en materia judicial y añade que hay retos en el combate a las desapariciones forzadas.
Que las víctimas y sus familias estén situadas en el centro del sistema de justicia, desde la investigación hasta la reparación, es parte primordial que apunta la ONU-DH.
“Alienta a las autoridades a consolidar una política judicial centrada en las víctimas de acuerdo con los más altos estándares internacionales, y tomando debida consideración las recomendaciones en la materia emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos”, declara.
La ONU-DH “incluye eliminar obstáculos procesales que dificultan el acceso a la justicia, ampliar el alcance del ‘amparo buscador’ y fortalecer la supervisión judicial de las investigaciones y las detenciones”.
Los procesos de capacitación al personal judicial en materia de desaparición de personas con un enfoque diferenciado que atienda las dimensiones de género, interseccional e intercultural, es parte de las observaciones que hacen a los nuevos integrantes del Poder Judicial.
También considera que hay avances que es necesario consolidar, como “el pleno reconocimiento de los derechos de las familias y personas allegadas en los procesos judiciales, la aplicación efectiva de ‘la declaración especial de ausencia’ y el acompañamiento gratuito a las víctimas por parte de las defensorías públicas”.
El reconocimiento que hace el organismo internacional es el relacionado al “papel fundamental de las autoridades judiciales en la protección de todas las personas contra las desapariciones”, y recuerda a los integrantes de este poder que “desempeñan un rol esencial al garantizar la existencia de recursos efectivos, el debido proceso y juicios justos que permitan sancionar a las personas responsables, así como reparar a las víctimas y sus familiares”.
Se comprometió también a dar acompañamiento a los esfuerzos del Estado mexicano para prevenir todas las desapariciones y salvaguardar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación.
Con información de Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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