Investigan presunta alianza de la Profeco y el CJNG
La Fiscalía General de la República investiga una presunta red de extorsión operada desde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en posible coordinación con organizaciones del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos.
La indagatoria, revelada por La Silla Rota, señala como posibles implicados a altos exfuncionarios de las administraciones anteriores del organismo, entre ellos los extitulares Ricardo Sheffield y David Aguilar Romero.
La carpeta de investigación FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024 fue abierta por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. En ella figuran al menos veinte exservidores públicos distribuidos en dos grupos, identificados como los “Guanajuatenses” y el “Grupo Monterrey”.
Sheffield es actualmente senador por Morena, mientras que Aguilar Romero estuvo al frente de Profeco hasta el 30 de octubre de 2024. Su paradero actual es desconocido.
Un excolaborador de ambos funcionarios, identificado como “Pablo”, declaró ante el Ministerio Público el 5 de febrero de 2025 y se convirtió en testigo clave del caso. Afirmó que existe una red de funcionarios que exigía cuotas mensuales a alrededor de seis mil estaciones de gasolina en el país. De acuerdo con su testimonio, cuando los empresarios no accedían a pagar las “vacunas”, eran amenazados por sicarios o exhibidos públicamente en el programa “Quién es quién en combustibles”.
El testimonio también señala a Sergio Arturo Iturbe, exdirector de la Oficina de Defensa del Consumidor en Guerrero, como presunto operador financiero en esa entidad, en colaboración con Guerreros Unidos.
Otro nombre mencionado es el de Ricardo de la Peña Gutiérrez, excoordinador general de Administración, quien supuestamente coordinaba con el Cártel Santa Rosa de Lima para la logística del cobro de “moches”. Según “Pablo”, Talía del Carmen Vázquez Alatorre, exsubprocuradora de Verificaciones y actual diputada de Morena, le comentó que el CJNG le brindaba protección a cambio de una parte del dinero recaudado.
Con base en estas declaraciones, la FGR solicitó la intervención de comunicaciones de varios implicados y realizó entrevistas a trabajadores de gasolineras en Ciudad de México y el Estado de México. En una de estas acciones, se identificó a tres personas –Arturo N, José de Jesús N, alias “El Pelón”, y Miguel N– como presuntos responsables de cobrar entre 20 y 25 mil pesos mensuales por estación, con base en el número de sucursales operadas por cada empresario.
Las cuotas exigidas eran registradas en hojas de Excel que, según el testigo, eran compartidas directamente con Sheffield y posteriormente con Aguilar Romero. A cambio de los pagos, se les notificaba con anticipación sobre visitas de verificación o se evitaba inmovilizar las bombas por supuestas irregularidades administrativas.
Una de las declaraciones de “Pablo” describe una reunión en septiembre de 2023 en el departamento de Sheffield. En ella, David Aguilar Romero llevó una tarjeta informativa para coordinar la distribución del dinero, debido a que Sheffield se preparaba para iniciar su precampaña a la gubernatura de Guanajuato.
La FGR también cuenta con capturas de pantalla de conversaciones entre “Pablo” y Aguilar Romero, en las que se compartían listas de estaciones que habían cumplido con los pagos exigidos. Estas pruebas fueron integradas a la carpeta de investigación junto con informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como el documento SSPC/CONASE/AI/0260/2025.
En otra línea de investigación, un trabajador de una gasolinera en Iztapalapa relató que fue amenazado por un presunto inspector de Profeco identificado como Arturo N, quien exigía hablar con el encargado del negocio para “evitar con estarlos chingando con más visitas” y advirtió que, de no hacerlo, “se lo iba a chingar” con la suspensión de actividades.
Los empresarios gasolineros han denunciado desde hace años esquemas de extorsión presuntamente impulsados en conjunto por miembros del crimen organizado y funcionarios públicos. Aunque en 2022 se registraron algunos ceses de personal tras denuncias internas, la investigación de la Fiscalía indica que el esquema se mantuvo en funcionamiento. Consultado por La Silla Rota, el exprocurador Ricardo Sheffield negó tener conocimiento de la investigación y afirmó que no ha sido notificado por ninguna autoridad. La investigación continúa abierta, mientras la Fiscalía recaba más testimonios y analiza las pruebas presentadas por el testigo colaborador.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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