Desaparecidos: Primer Informe destaca diálogo con colectivos pero omite el caso Izaguirre
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un registro oficial al día hoy de 133 mil 116 personas desaparecidas y no localizadas, durante los primeros ocho meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se localizaron 438 personas con reporte de desaparición, de las cuales 417 con vida y 21 sin vida, así como 560 hallazgos, como resultado de 3 mil 148 acciones de búsqueda en vida y 2 mil 582 “acciones forenses”.
De acuerdo con el documento presidencial, antes de que Teresa Guadalupe Reyes dejara el cargo al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), se realizaron “dos diligencias de búsqueda de coordinación con la Defensa, la Guardia Nacional, la CNB, autoridades de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, así como colectivos de búsqueda, en uno de los casos se hallaron restos óseos los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público”.
Lo anterior como evidencia de que en los primeros meses de la administración Sheinbaum “el gobierno de México redobló los esfuerzos para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”.
De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno, en el que se sostiene que “la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad para el gobierno de México”, entre el 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de este año, se realizaron actividades para “reforzar las capacidades institucionales federales y estatales”, así como el fortalecimiento del “diálogo directo y la colaboración con los colectivos de familiares”.
Sin mencionar el hallazgo de restos humanos calcinados en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum hace referencia a la serie de reuniones con colectivos de personas buscadoras y familiares de personas desaparecidas, coordinados por la Secretaría de Gobernación.
En la relación de actividades destacan 14 sesiones de las “Mesas de diálogo sobre la agenda de desaparición y búsqueda con colectivos”, realizadas en la Ciudad de México; cuatro reuniones virtuales para “revisar y aportar” a la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; y 10 reuniones con familiares y colectivos que “fueron derivadas de las Mesas de Diálogo”.
El documento puntualiza que, de octubre de 2024 a junio de 2025, “se atendieron a 172 colectivos de 28 entidades federativas, y de El Salvador, Honduras y Guatemala, se contó con la asistencia de más de 700 personas y se atendieron más de 200 casos particulares por parte del personal de la CNB”.
A esas acciones se suma la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que gestionó “ocho planes de reparación en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de familiares de víctimas desaparecidas y el acceso a la reparación integral del daño”.
En cuanto al subsidio para las 32 comisiones estatales de búsqueda, al 30 de junio de 2025 se entregó el 70% del recurso autorizado que alcanzó un monto superior a 416 millones de pesos.
En materia de atención a víctimas, la CEAV registró a 19 mil 075 personas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), de las cuales 2 mil 204 son víctimas del ámbito federal, 923 víctimas directas y mil 282 víctimas indirectas, en tanto que el resto, 16 mil 971 son víctimas del ámbito local, 10 mil 760 víctimas directas y 6 mil 111 indirectas.
En cuanto a los apoyos económicos a personas vulnerables, “se destinaron 444.45 millones de pesos a 5 mil 020 personas para cubrir gastos de alimentación y salud, con 56% de los apoyos dirigidos a familiares de desaparecidos”, además de que se destinaron 88.59 millones de pesos en 6 mil 750 traslados para facilitar la movilidad de 2 mil 467 víctimas”.
La CEAV destinó 20.51 millones de pesos para ayuda inmediata para apoyar a 399 personas, como resultado de 210 resoluciones.
En canto a reparación integral del daño, el informe refiere que se benefició a 864 víctimas con un monto total de 387.13 millones de pesos, del cual 278.9 millones de pesos fueron canalizados por la CEAV y 108.95 millones fueron complementados por las instituciones que habrían sido señaladas de cometer abusos.
En materia de derechos humanos, el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum enlista una serie de cursos dirigidos a servidores públicos de fuerzas armadas y Guardia Nacional, así como del Instituto Nacional de Migración (INM) y custodios de centros de reclusión, entre otras instituciones.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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