Nuevo Poder Judicial revisará el presupuesto solicitado para 2026 tras petición de Sheinbaum

EFE.- La presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) hará una revisión del presupuesto proyectado para el Poder Judicial en 2026 donde se disminuirán alrededor de 15 mil millones de pesos y se reasignará a otros sectores como cultura, deporte, educación e inversión pública.

Sheinbaum explicó que el incremento del 15% en el presupuesto aprobado por el Congreso fue solicitado por la expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, pero que el objetivo es disminuirlo, y aclaró que los nuevos ministros elegidos por voto popular, no tuvieron tiempo de modificarlo antes de enviarlo a la Cámara Baja.

"El Órgano de Administración (Judicial) que en efecto van a hacer una revisión del presupuesto del Poder Judicial, nosotros estimamos que, de lo que pidió la anterior presidenta de la Corte a lo que realmente necesitan se puede disminuir el presupuesto al Poder Judicial como en 15 mil millones de pesos", manifestó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Mientras que argumentó que "la idea es que el presupuesto que se apruebe este año por el Congreso tenga un aumento, porque no lo pusimos de origen".

Además, precisó, que ese aumento del 15% es "exagerado" y va en contra de "la política de austeridad de la Corte", así como con el recorte salarial aprobado a los nueve ministros de la SCJN y más dependencias del Poder Judicial.

Esta declaración por parte de la presidenta se da luego de que ayer anunciara la petición al Congreso de disminuir el gasto proyectado para el Poder Judicial en 2026 para ser reasignados ese monto hacia sectores de cultura, deporte, educación e inversión pública, entre los que destacó universidades y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El planteamiento se da en un contexto de cambios estructurales luego de las elecciones judiciales de junio pasado, que buscó reducir el número de ministros de once a nueve y replantear la integración de jueces y magistrados federales.

De acuerdo con el paquete económico presentado el lunes por la Secretaría de Hacienda, el Poder Judicial tendría asignados 85 mil 960 millones de pesos, distribuidos principalmente en el Órgano de Administración Judicial, que concentra 74 mil 224 millones de pesos.

En contraste, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibiría cinco mil 869 millones de pesos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuatro mil 009 millones de pesos, y el Tribunal de Disciplina Judicial  mil 856 millones de pesos.

La discusión quedará en manos del Congreso, que deberá dictaminar el presupuesto de egresos antes del 15 de noviembre. 

Con información de Latinus. 

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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