Prevén duplicar presupuesto a Comisión de Ayuda a Refugiados, en medio de una dinámica migratoria que tiene a miles en México

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 prevé un incremento de un 117 % a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en medio del cambio de dinámicas migratorias que se ha registrado a partir de la entrada en vigor de las políticas restrictivas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

A lo largo de este año, diversas organizaciones de la sociedad civil han reportado que muchas personas en tránsito ahora tienen que permanecer de forma más o menos estable en nuestro país, ante una baja significativa en su intención de llegar a los Estados Unidos y una disminución en la ocupación de albergues.

Mientras que en el presupuesto aprobado para 2025, la Comar contó con 47 millones 866 mil pesos, se prevé que para 2026 sus recursos asciendan a 109 millones 216 mil pesos, lo que implica un incremento en términos reales —considerando la inflación— de 117.7 %. 

En tanto, el Instituto Nacional de Migración tendrá un 10 % más de presupuesto —de mil 700 a mil 961 millones de pesos—, pero la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur se enfrentará a una disminución del 11.7 % en términos reales.

Esto ocurre en medio de un panorama en el que la sociedad civil ha documentado cambios en las dinámicas migratorias debido a las políticas impulsadas por el mandatario estadounidense. Médicos sin Fronteras, por ejemplo, ha registrado en sus diversos proyectos en la ruta entre el Darién y México una drástica reducción de la migración hacia Estados Unidos.

Desde la emisión de las primeras órdenes ejecutivas de Trump relacionadas con la migración el 20 de enero de 2025, el panorama migratorio en la frontera sur de Estados Unidos y a lo largo de la ruta migratoria –sostienen– se transformó de inmediato. Esto, a su vez, ha incrementado casos severos de ansiedad, depresión, desesperanza y salud mental entre las personas migrantes.

En su informe Rechazados. El devastador impacto humano de los cambios en política migratoria en Estados Unidos, México y América Central, la organización señala que personas migrantes y solicitantes de asilo varadas se han dispersado, ocultándose por miedo y estigma tras ser perseguidas repetidamente y etiquetadas como delincuentes, lo que en ocasiones también les disuade de buscar ayuda y servicios básicos de entidades y organizaciones públicas.

Mientras entre el Darién, en el sur de Panamá, y el norte de México se ha registrado la reducción más drástica de la migración en años, “aunque se desconoce el número exacto, decenas de miles, posiblemente cientos de miles, se han quedado varados, especialmente en México. A menudo, carecen de los recursos económicos para regresar a casa, o no pueden hacerlo porque los factores que los obligaron a huir persisten”, advierte MSF.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá, entre 2023 y 2024, la cifra de personas cruzando el Tapón del Darién pasó de 520 mil 085 a 302 mil 203, mientras que las detenciones en 2025 en la frontera entre Estados Unidos y México se han reducido hasta en un 90 %.

Entre enero y junio de 2025, México ha registrado 11 mil 027 cambios de condición migratoria de residente temporal a residente permanente, emitido 28 mil 059 tarjetas de residente permanente, 9 mil 914 de refugiado y 25 mil 198 tarjetas de visitante regional.

Como parte de las políticas restrictivas de los Estados Unidos, la aplicación CBP One, que la administración Biden había introducido en 2023, fue suspendida el 20 de enero de 2025, lo que dejó varadas en México a unas 300 mil personas –según cálculos de Human Rights Watch–, que se quedaron sin una vía legal para avanzar.

Otras poblaciones prioritarias, con reducción o sin cambios significativos

Mientras algunas dependencias que atienden la problemática migratoria verán incrementado su presupuesto para 2026, según lo plantea el proyecto del PEF, otras agendas de derechos humanos, como las relativas a infancias, discriminación y búsqueda de personas desaparecidas no tendrán incrementos significativos, o incluso enfrentarán reducciones.

Por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), dependiente de la Secretaría de Gobernación, tendrá un incremento de apenas 0.5 % en términos reales –considerando la inflación– con un presupuesto que pasará de los 72 millones 919 mil pesos a 76 millones 787 mil. 

En tanto, para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se prevé una reducción del 8.1 % en términos reales, con un presupuesto que pasará de 148 millones 485 mil pesos a 143 millones 073 mil pesos. Por otro lado, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solo se le destinará un 1.6 % más de recursos, considerando la inflación, con un presupuesto total que pasará de mil 722 millones 371 mil pesos a mil 834 millones 269 mil pesos.

Para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, consideradas en dos claves presupuestales, una destinada a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y otra a los subsidios que otorga el gobierno federal a las entidades de la República, no habrá incremento significativo, pese a que en el transcurso de este año –con corte al cierre de esta publicación– se han sumado 10 mil 431 personas desaparecidas y no localizadas al Registro Nacional.  

La Comisión, cuya nueva titular, Martha Lidia Pérez Gumecindo, asumió su encargo apenas el pasado 12 de septiembre, tendrá un incremento que en términos reales representa el 5.2 %, con un presupuesto que pasará de mil 102 millones 36 mil pesos a mil 214 millones 742 mil, mientras que los subsidios para acciones de búsqueda en entidades federativas se reducirán en un 0.7 % considerando la inflación. 

Con información de Animal Político.