Titular del OIC del INE huye a cuestionamientos por investigación a consejeras denunciadas por Morena
El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente evitó responder a medios de comunicación sobre el procedimiento administrativo contra consejeras y exconsejeros del INE por una denuncia del 2021 impulsada por Morena.
El funcionario fue abordado por reporteros para que explicara el asunto, pues el diputado Sergio Gutiérrez Luna había presentado una carta para que se desistiera del proceso. Sin embargo, Carvente buscó evitar a los reporteros y dio respuestas a medias sobre la decisión de reactivar el proceso.
“Es que vengo con el tiempo corto, no, discúlpenme, por favor (…) La verdad ya quiero pasar, por favor”, señaló sonriendo y dando rodeos a los reporteros en la explanada del INE.
Al ser cuestionado sobre la carta señaló que había que revisar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin ahondar en la respuesta. Debido a la insistencia de los reporteros este respondió “no hay necesidad de empujar”, a lo que le contestaron que “tampoco hay necesidad de huir”.
Finalmente, el titular del Órgano Interno subió a su vehículo y se retiró sin contestar nada sobre el asunto.
Cabe señalar que Víctor Hugo fue colaborador de Irma Eréndira Sandoval, extitular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pues fue titular del área de auditoría interna, desarrollo y mejora de la gestión pública durante el sexenio de AMLO y llegó al INE en diciembre del 2024.
¿Por qué investigan a consejeras del INE?
Se trata de un proceso administrativo iniciado contra las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala derivado de una denuncia presentada por Gutiérrez Luna luego de que el Consejo General buscó aplazar la consulta de revocación de mandato en el 2021 por falta de presupuesto.
Sin embargo, tras la intervención del Tribunal Electoral, el INE siguió con la organización del proceso. No fue hasta cuatro años después que el proceso administrativo fue retomado, lo que se ha interpretado como una persecución de Morena tras las votaciones de las consejeras contra la elección judicial.
Debido al escándalo, Ricardo Monreal se posicionó en contra y aconsejó a Gutiérrez Luna desistir de la acción, cosa que hizo a través de una carta presentada a finales de septiembre de este año: “Es un tema que ya no tiene caso (...) de nuestra parte no hay mayor interés en ese asunto”.
Sin embargo, parece que el asunto sigue, pues la consejera Dania Ravel señaló a MVS que el OIC mandaría los expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que la misiva del morenista no habría tenido efecto.
Con información de: Político.mx
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Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…
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III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
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