Aprueba Estado obras del Programa Especial de Infraestructura Hidroagrícola 2025
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informa que fue aprobada la totalidad de las obras correspondientes al Programa Especial de Infraestructura Hidroagrícola 2025, por lo que inició la ejecución de las mismas.
Los proyectos beneficiarán a más de 20 mil productores de los ocho distritos y unidades de riego de la entidad, como parte de la estrategia para mitigar los efectos de la sequía y promover el uso eficiente del recurso hídrico.
Se trabaja con dos modalidades. La primera es el Programa de Uso Sustentable del Agua, que apoya proyectos de infraestructura y equipamiento, con aportación del 25 por ciento del Gobierno estatal e igual monto del productor, y un 50 por ciento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Opera mediante convocatoria pública y una vez recibidos los proyectos, los gobiernos estatal y federal verifican el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos, y corroboran que los productores cuenten con la solvencia económica para cubrir su aportación.
En 2025 la administración estatal destina recursos a 22 personas morales de los distritos de Riego 090 Ojinaga, 083 Papigochi, 089 El Carmen, 103 Río Florido y 042 Buenaventura, que abarcan a municipios como Guerrero, Temósachic, Matachí, López, Coronado, Flores Magón, Aldama, Julimes, Saucillo, Casas Grandes y San Francisco de Conchos.
Los proyectos que no cumplen con los criterios son canalizados a otros programas de la dependencia, como Transferencia de Tecnología, que incluye bombas charqueras de combustión o solares, o mediante horas-máquina subsidiadas para obras de captación.
El segundo componente es el Programa Especial de Uso, Operación, Conservación, Administración y Aprovechamiento del Agua, que contempla una inversión total de 100 millones de pesos (mdp) del presupuesto estatal.
De este monto, 30 mdp corresponden al compromiso derivado del Plan Nacional Hídrico, firmado el 4 de abril de este año entre Conagua y Gobierno del Estado, a través de la SDR y la Junta Central de Agua y Saneamiento.
Este esquema está destinado a la rehabilitación, equipamiento y perforación de 28 pozos en el Distrito de Riego 005 Delicias, que comprende los municipios de Saucillo, La Cruz, Meoqui, Delicias, Rosales y Julimes.
Incluye acciones para la limpieza y desazolve de canales, mantenimiento de caminos y rehabilitación de estructuras hidráulicas como compuertas y redes de distribución, con una inversión total de 70 mdp.
También se apoyará a productores del Distrito de Riego 009 Valle de Juárez, con obras de revestimiento de canales. En este caso, la SDR y la JCAS aportan 30 mdp cada una, en cumplimiento al Plan Nacional Hídrico.
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Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…
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II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
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