No importan los colores, lo importante es representar a las mujeres: Joss Vega y Nancy Frías
Las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Joss Vega y Nancy “La China” Frías, fijaron su postura ante la aprobación de la Ley Malena, al afirmar que el Congreso del Estado envió un mensaje claro: por encima de los colores y las diferencias políticas, las mujeres deben ser representadas con hechos y con leyes que garanticen su seguridad, protección física y psicológica.
Ambas legisladoras coincidieron en que esta reforma representa un paso decisivo para sancionar una de las expresiones más extremas de violencia de género, al tipificar los ataques con ácido y sustancias químicas como delito autónomo, con penas de ocho a doce años de prisión y agravantes en caso de lesiones graves, pérdida de funciones corporales o si la agresión ocurre por motivos de género.
La diputada Joss Vega destacó que el Congreso de Chihuahua actuó con determinación frente a un vacío legal que por años dejó sin justicia a las víctimas. “Esta ley reafirma que cuando se trata de proteger a las mujeres, no hay colores ni intereses partidistas. Hay un deber, y es garantizar que ninguna mujer viva con miedo ni con la marca de la violencia”, expresó.
Por su parte, la legisladora Nancy Frías señaló que la Ley Malena no solo castiga, sino que también prevé la atención integral a las víctimas, mediante la obligación de que las instituciones de salud informen los casos al Ministerio Público y se brinde atención médica, psicológica y reconstructiva. “El objetivo es que las mujeres reciban justicia, atención y acompañamiento, no indiferencia ni silencio institucional”, afirmó.
Las diputadas del PAN resaltaron que esta acción legislativa refleja el compromiso colectivo del Congreso por atender una problemática que no distingue partidos. “Esta ley es resultado del trabajo conjunto de todas las diputadas, porque antes que las diferencias políticas está la responsabilidad de defender a las mujeres”, coincidieron.
Finalmente, Vega y Frías reconocieron la voz de la activista María Elena Ríos, conocida como Malena, sobreviviente y promotora de esta causa, así como la disposición de las diputadas Alma Portillo, de Movimiento Ciudadano, e Irlanda Márquez, del Partido del Trabajo, al sumarse a una agenda común que pone en el centro a las mujeres chihuahuenses.
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Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…
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I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
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