
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Marina de la Cámara de Diputados avaló la iniciativa que expide la Ley Orgánica de la Armada de México, presentada por la presidenta de la República.
La Comisión de Marina avaló la iniciativa con 14 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones por el dictamen que armoniza las atribuciones legales con las tareas encomendadas respecto al mantenimiento del Estado de derecho y cumplimiento de las leyes nacionales e instrumentos jurídicos internacionales.
Esta iniciativa busca permitirá fortalecer la estructura, funciones y principios de la institución, conforme a las necesidades actuales del país, a través de tres principales ejes: misión, atribuciones, niveles de mando y organización y personal naval.
Además, fomenta la formación académica y profesional del personal naval con base en méritos y sin distinción de género, en apego a la Ley de Ascensos de la Armada de México, reforzando los principios de patriotismo, legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
La diputada del PAN Julia Licet Jiménez Angulo afirmó que la iniciativa busca darle más atribuciones a la Marina para consolidar la militarización al país.
“Entrando al fondo de la iniciativa vemos que las reformas como el texto vigente es una pieza en el andamiaje jurídico para consolidar la militarización en el país, que desde 2018 los gobiernos de Morena han avanzado engañando a los ciudadanos ante su promesa de campaña de regresar las fuerzas armadas a sus cuarteles”, enfatizó.
La diputada del PRI, Ariana del Rocío Rejón Lara, resaltó que el dictamen no es una modernización sino una militarización más disfrazada de actualización técnica.
“Hablemos de la concentración de poder. Esta ley le da al presidente facultades discrecionales para nombrar mandos estratégicos sin contrapesos institucionales, aduanas, aeropuertos, ciberdefensa, protección portuaria. ¿Dónde termina la función militar y dónde comienza la civil? Esta ley no la dice.
“Ahora hablemos de certeza jurídica. ¿Cuál es la certeza? Este dictamen habla de políticas de defensa, de intereses marítimos nacionales, de operaciones militares en el ciberespacio, pero no define nada de eso. ¿Qué son exactamente las operaciones militares en el ciberespacio? ¿Las supervisa? ¿Qué límites tiene? No se pueden dar facultades en blanco”, cuestionó.
Con información de: Proceso.


Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…

Estos son los supuestos de injerencia extranjera que propone Morena para anular elecciones en Chihuahua
De acuerdo al Grupo Parlamentario de Morena, se entenderán como actos lesivos para la integridad, independencia, libertad y autenticidad en materia electoral, cuando sean cometidos por estos grupos o entes vinculados a ellos o a intereses extranjeros, entre otros:
I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.

Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…

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I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
