Reyna María Basilio: desvió fondos de la Línea 12 y ahora administrará la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó a Reyna María Basilio Ortiz como titular de la Unidad de Administración, a partir del 1 de octubre de 2025, según lo establece la circular 7/2025 del Pleno del Órgano de Administración Judicial.

 

El nombramiento fue aprobado bajo la presidencia del ministro Hugo Aguilar Ortiz. Sin embargo, la decisión ha generado controversia debido a los antecedentes de la funcionaria, quien fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2012 por autorizar pagos indebidos por 478 millones de pesos durante su paso por el Proyecto de la Línea 12 del Metro.

Su papel en la Línea 12 del Metro

Reyna María Basilio Ortiz fue directora de Administración de Contratos del Proyecto Metro (Línea 12) en la Ciudad de México durante el gobierno de Marcelo Ebrard.

En 2014, la Contraloría General de la Ciudad de México la inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos, tras determinar que autorizó pagos por obras no reconocidas en los contratos originales. Los montos ascendieron a 478 millones de pesos, según medios como Reforma, La Política Online y Vanguardia.

Las investigaciones revelaron que las obras adicionales no estaban incluidas formalmente en los contratos, pero Basilio las reconoció como adeudos, lo que llevó a pagos improcedentes a las empresas contratistas.

 

Litigios y sanciones

De acuerdo con los registros judiciales, la Contraloría capitalina no solo la sancionó económicamente, sino que también dio vista a la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que abrió la averiguación previa.

El 3 de julio de 2015, un juez emitió una orden de aprehensión en su contra. Desde entonces, Basilio Ortiz ha litigado para revertir la captura, la sanción económica y la inhabilitación.

Un tribunal administrativo determinó posteriormente que la exfuncionaria sí incurrió en responsabilidad administrativa, aunque consideró que las sanciones impuestas no se aplicaron correctamente, ordenando emitir una nueva resolución.

¿Desvió fondos de la Línea 12?

El término “desvío de fondos” ha sido ampliamente usado en medios, aunque los documentos oficiales señalan autorizaciones indebidas de pagos más que transferencias personales de dinero.

Según los reportes de la Contraloría, Basilio Ortiz reconoció adeudos por obras no contempladas en los contratos, lo que provocó daños al erario público. Estas irregularidades son graves por tratarse de recursos públicos, aunque no se ha comprobado que los haya usado para beneficio personal.

 

 

Con información de: La crónica.

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Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores. 

Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…


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IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;

V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.

VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.

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