“Brazos caídos”: empleados del SAT bloquean Reforma y las vías al AICM
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El paro nacional convocado este martes por trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en evidencia el descontento interno por las condiciones laborales y la ausencia de diálogo con la autoridad hacendaria.
Bajo la consigna de “brazos caídos”, este 15 de octubre empleados de distintas áreas suspendieron actividades y salieron a las calles para exigir mejoras salariales, equidad entre personal sindicalizado y de confianza, y respeto a sus derechos laborales.
En la Ciudad de México, las protestas se concentraron en al menos seis puntos, entre ellos las oficinas centrales del organismo en Viaducto Río de la Piedad, en Iztacalco, donde los trabajadores bloquearon las vialidades centrales y laterales hacia el Aeropuerto Internacional, así como en la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la escultura del Caballito.
Movilizaciones simultáneas se registraron en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Xochimilco y Coyoacán, con afectaciones a la circulación durante más de siete horas.
Los manifestantes denunciaron carencias en infraestructura, falta de equipo y omisiones en el apoyo a mujeres embarazadas o en lactancia, al tiempo que reprocharon la ausencia de autoridades federales o directivos del SAT para atender sus demandas.
Hacia la tarde, tras la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), comenzaron a liberarse las vialidades afectadas, aunque persistió un cierre en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, en el Centro Histórico. Dicho bloqueo paralizó el servicio de la Línea 7 del Metrobús, obligando a los usuarios a caminar varios tramos de su recorrido.
El personal inconforme advirtió que mantendrá las movilizaciones de forma indefinida hasta obtener una respuesta del titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En las pancartas que portaron, los inconformes escribieron las siguientes consignas: “No pedimos privilegios, pedimos justicia laboral”, “Mientras la recaudación aumenta, mi salario disminuye” y “¡Sin trabajadores no hay recaudación!”.
Con información de: Proceso.
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Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…
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I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
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