
Este miércoles en "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada acerca del paro laboral que trabajadores de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantienen desde el pasado martes bajo la modalidad de "brazos caídos", como parte de una jornada de protesta para exigir:
Ante esta situación, la Mandataria aseguró que las y los trabajadores que se mantienen en paro "son muy pocos", por lo que las afectaciones en las oficinas de este órgano no se han visto totalmente afectadas.
"Fueron solamente 2 oficinas [...] ni siquiera se cerraron completamente, sino que hubo alguna afectación al servicio. El SAT tiene alrededor de 25 mil trabajadores, y son 400 trabajadores quienes han manifestado solicitudes.
"Estas solicitudes van desde aumento salarial hasta la recuperación de los salarios de gastos médicos mayores. Van a atener un diálogo con el director del SAT, pero realmente son muy pocos trabajadores y no se ha visto interrumpido el servicio y hay diálogo. Está apoyando la Secretaría del Trabajo", aseguró Sheinbaum.
La Presidenta además destacó cuáles son las oficinas que se han unido a esta protesta, y aseveró que muchas de las demandas no serán cumplidas debido a acuerdos legales que se traducen en el seguimiento de procesos administrativos establecidos en tabuladores salariales.
"Se suspendió en Chihuahua, Celaya (Guanajuato), Guadalajara sur y Zapopan (Jalisco) [...] en Ciudad de México, en oriente y sur. [...] Son muy pocos trabajadores, hay demandas que no se les pueden cumplir porque no hay ningún servidor público que tenga gastos médicos mayores, ni la Presidenta.
"Se va a revisar la demanda de aumento salarial, pero la Mandataria asegura que existen tabuladores en este ámbito, por lo que no es fácil subir los salarios y pasar por alto los estatutos legales que rigen este aspecto en lo laboral", dijo la Mandataria desde Palacio Nacional.
Con información de El Informador.mx


Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…

Estos son los supuestos de injerencia extranjera que propone Morena para anular elecciones en Chihuahua
De acuerdo al Grupo Parlamentario de Morena, se entenderán como actos lesivos para la integridad, independencia, libertad y autenticidad en materia electoral, cuando sean cometidos por estos grupos o entes vinculados a ellos o a intereses extranjeros, entre otros:
I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.

Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
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II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
