Estamos haciendo todo para que se realice: Rivera Campos por Hospital Universitario
El Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Rivera Campos, informó que el proyecto del Hospital Universitario deberá quedar listo en los próximos meses; de lo contrario, ya no alcanzará a quedar en esta administración, “todo lo que hemos hecho es para que sí y generar una buena noticia para los universitarios”, expresó.
Asimismo, dijo que el hospital cuenta con varias propuestas, y una de ellas, la más apreciada por las autoridades, es la que contempla 23 camas censables, quirófanos, 23 sillones para atenciones dentales y aulas para los estudiantes (ya que debe incluir enseñanza).
Rivera Campos agregó que buscan ofrecer a los chihuahuenses lo que actualmente no se tiene, además de evitar traslados a otras entidades como Torreón.
Reiteró que continúan con el proyecto ejecutivo a fin de poder lograr avances con el Hospital Universitario.
Tips al momento
Multas nuevas, calles viejas
De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.
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Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.
