Regresan propiedades embargadas en Quintana Roo al exgobernador preso Roberto Borge
QUINTANA ROO (apro) .- Dos inmuebles en Cozumel que permanecían embargadas desde 2018, fueron regresados al exgobernador Roberto Borge Angulo, copropietario de las mismas, quien se encuentra preso en un penal de Morelos acusado de diversos delitos dentro de la función pública en Quintana Roo.
La orden provino, de acuerdo con folios reales consultados por Proceso, del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, controlada por funcionarios afines a Morena.
En 2018, por orden de un juez de Control de Chetumal, a solicitud de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, siete propiedades fueron embargadas para que el exmandatario y su familia, no pudieran disponer de ellas en operaciones de compraventa y actividades similares.
Borge Angulo se encuentra preso en Morelos, acusado de delitos relacionados con la función pública, cometidos siendo gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016.
Se trata de inmuebles ubicados en Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel, objeto de investigación por la dilapidación del patrimonio público estatal durante su gobierno, señalado de complicidad con Claudia Romanillos Villanueva, extitular del IPAE, otrora dependencia administradora del patrimonio estatal, a quien también le fueron embargados bienes.
No obstante, de acuerdo con los folios reales del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, desde febrero de este año, dos terrenos ubicados en la zona costera de Cozumel fueron liberados a favor de la familia de Roberto Borge, a siete años de que quedaron asegurados por mandato judicial.
Se trata de los predios ubicados en la avenida Juárez número 660 y la avenida Rafael E. Melgar con calle 5, número 399; ambos en Cozumel.
A partir de esta liberación decretada, la familia del exgobernador puede disponer de las propiedades para sus fines personales.
En julio pasado, un Tribunal Colegiado de Apelación de Morelos reconsideró al exgobernador, que pasó de cómplice a líder criminal por el delito de uso de recurso de procedencia ilícita, al haber enajenado 22 inmuebles por un daño al patrimonio público de más de 900 millones de pesos.
El exmandatario estatal también se encuentra inmerso en la polémica del traspaso del suministro del agua potable a manos de particulares con la empresa Aguakán, en el que también participaron políticos como Mauricio Góngora, excandidato a la gubernatura por el PRI, que igualmente estuvo preso y hoy presume su cercanía con Morena, principalmente en Playa del Carmen, desde donde busca un puesto de elección popular.
Con información de Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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