CNDH exige al INVI aceptar Recomendación para garantizar derecho a la vivienda de 28 personas

Dicha autoridad vulneró el derecho humano a la seguridad jurídica de 28 personas en las solicitudes y trámites realizados para adquirir una vivienda digna Por ello, este organismo nacional solicitó al INVI aceptar, en el lapso de 15 días hábiles, la Recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM)

 En su Recomendación 127/2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) aceptar un pronunciamiento similar, emitido por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), por agraviar los derechos de 28 personas víctimas al no realizar las acciones necesarias para brindarles certeza jurídica en sus trámites y solicitudes de vivienda. 

En octubre de 2023, la Comisión capitalina inició una queja ante la inconformidad de integrantes de la organización “Núcleo de Solicitantes de Vivienda Movimiento sin Techo”, quienes, desde 2016, conformaron el autodenominado “Campamento Camarada Celestino”, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en el que habitan personas en situación de atención prioritaria —adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad— quienes argumentaron la omisión del INVI de garantizarles el derecho a la seguridad jurídica como grupo de atención prioritaria, así como por la falta de información y respuesta oportuna a sus demandas. 

Una vez investigado el caso, la CDHCM emitió a dicho Instituto la Recomendación 10/2024, solicitando, entre otros puntos, inscribir a las dichas personas en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México; dar seguimiento al plan de reparación integral correspondiente y garantizar la seguridad jurídica de la vivienda de personas acreditadas, entre otros puntos que no fueron aceptados por la autoridad destinataria.

 Ante ello, las víctimas presentaron un Recurso de Impugnación ante esta CNDH mismo que, una vez analizado y resuelto, acreditó la violación al derecho humano a la seguridad jurídica porque para este organismo nacional es prioritario salvaguardar el derecho humano de las personas que viven en situación de calle, a ser sujetas de programas de asistencia social, y expresó su preocupación ya que no se les está garantizando un desarrollo integral y una vida digna.

 En este sentido, la Comisión Nacional consideró que debe priorizarse el derecho a la vivienda digna y decorosa que permitirá a las víctimas gozar de programas y esquemas financieros de créditos, ahorros, apoyos y subsidios, así como el acceso a la misma en propiedad y/o arrendamiento. 

De la última respuesta de información por parte del INVI, dirigida a esta CNDH, se advirtió la ausencia de argumentos sólidos respecto a fijar alguna postura sobre los acuerdos y propuestas a los cuales esa dependencia se comprometió con las personas recurrentes, según quedó asentado y documentado en sendas minutas de trabajo correspondientes al año 2024, sin que hasta el momento exista evidencia de que el INVI les haya dado respuesta. Por lo anterior, se solicitó a la persona Titular del INVI aceptar, en todos sus términos, la Recomendación 10/2024 emitida por la CDHCM, en el plazo de 15 días hábiles. 

En caso de que persista la negativa de aceptarla, esta Comisión Nacional remitirá copia de su instrumento recomendatorio a su similar capitalina para que, bajo sus atribuciones, requiera a dicha persona servidora pública que funde, motive y haga pública su negativa de aceptación a la Recomendación emitida y solicite a la Legislatura local su comparecencia ante dicho órgano. 

Por último, deberá emitir una circular dirigida al personal del INVI mediante la cual se les instruya a cumplir en tiempo y forma la Recomendación 10/2024, así como colaborar en todo momento con la CDHCM en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas con motivo de la acreditación a violaciones de derechos humanos, entre otras actividades. La Recomendación 127/2025 ya fue debidamente notificada a su destinatario y puede ser consultada en www.cndh.org.mx.

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Bloqueos carreteros el 23 de marzo: productores acusan incumplimiento de acuerdos de SEGOB

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La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.


En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.


Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.


Ponen módulo de Beca Rita Cetina al exterior del Congreso

Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.

Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.

Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.


Quieren afiliar a todo GyC

A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.

De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de  93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.

 Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.

Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.

 

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