
El contrabando de combustible o huachicol fiscal se ha convertido en un negocio lucrativo para el narcotráfico, ampliando sus actividades criminales más allá del trasiego de drogas.
Y en esta práctica, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría involucrado en puertos de Baja California, Sonora y Tamaulipas.
De acuerdo con una investigación de Reuters, una empresa mexicana que recibió cargas de combustible por parte de la compañía estadounidense Ikon Midstream estaría ligada al CJNG, a través de una “flota oscura” de buques, como el Torm Agnes y el Torm Louise, contratados por Ikon.
Se trata de Intanza, que en distintas operaciones, declaró la importación de aceites lubricantes cuando en realidad eran millones de litros de combustible, con el fin de evadir impuestos.
Según el reportaje, autoridades creen que Intanza funge como “empresa fachada” del CJNG.
En el reportaje, se detalla que el buque Torm Agnes descargó el pasado mes de marzo gasolina en el puerto de Ensenada, Baja California, y en el puerto de Guaymas, Sonora.
Precisamente, cuando llegó a Guaymas –el 21 de marzo–, autoridades aseguraron ese mismo día en Tamaulipas otro buque: el Challenge Procyon, que cargaba 10 millones de litros de diésel.
Torm Agnes zarpó del puerto sonorense después de que “corriera la voz” de lo que sucedía en Tamaulipas. Esto habría levantado sospechas por parte autoridades.
En tanto, el Torm Louise transportó en cuatro ocasiones combustible de Estados Unidos a México.
En algunos de los casos, se pudo constatar la participación de pipas, que llegaban a las inmediaciones de los puertos donde llegaba el combustible.
En marzo, cuando autoridades aseguraron el buque Challenge Procyon en Tampico, la empresa Intanza estuvo bajo el escrutinio público, por su participación en la operación.
Y es que Intanza importó el diésel que se hizo pasar por aditivos para aceites, según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
A raíz del aseguramiento, el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, desmanteló una red de huachicol fiscal en la que estaban implicados empresarios, agentes aduanales y marinos.
Dicha estructura criminal habría sido encabezada por Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina.
Este caso ha colocado al gobierno de Sheinbaum en una posición complicada, pues esta red se articuló durante la gestión de Ojeda Durán, uno de los hombres de confianza del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Con información de: Político.mx

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
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En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
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Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
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