El TEPJF rechaza revisar el procedimiento administrativo contra consejeros del INE
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mayoría de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio luz verde para que continúe el procedimiento administrativo contra tres integrantes actuales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que fue abierto hace más de cuatro años en represalia por votar a favor de posponer la consulta de revocación de mandato impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
En este caso inédito, el Órgano Interno de Control (OIC) del INE decidió revivir, en septiembre pasado, un expediente abierto en diciembre de 2021 contra los consejeros Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel, el cual derivaba de una queja presentada por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna con la intención de castigar a los consejeros por haber votado a favor de aplazar la consulta. En esa ocasión, los consejeros consideraron que era imposible organizar la consulta, pues el INE no tenía recursos etiquetados para el ejercicio.
Una consejera impugnó ante el TEPJF la reapertura del expediente por parte del titular del OIC, Víctor Hugo Carventes Contreras, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral le dio la espalda, al desechar su recurso sin siquiera estudiar el caso.
La resolución, elaborada por el magistrado Felipe Fuentes Barrera, lavó las manos al TEPJF, pues determinó que el procedimiento contra los consejeros no está vinculado con la materia electoral –porque el OIC “no es de naturaleza electoral”--, lo que hace al tribunal “legalmente incompetente” para pronunciarse al respecto.
“No significa que con este proyecto se esté confirmando alguna sanción”, expresó el magistrado durante la sesión. Gracias a esta resolución, los magistrados evitaron pronunciarse sobre un caso que ha causado una fuerte polémica en el pequeño mundo de las instituciones electorales, pues atenta por primera vez contra consejeros por sus votos. En caso de darle entrada a la impugnación, tendrían que fijar claramente su postura sobre el procedimiento administrativo.
De hecho, la magistrada Janine Otálora Malassis estuvo en franco desacuerdo con el argumento de Felipe Fuentes. Consideró que el asunto tiene todo que ver con la materia electoral, pues atenta contra la “garantía de independencia” del INE, por lo que el TEPJF debería estudiar el fondo del asunto en lugar de batearlo de entrada.
La magistrada, quien dejará su cargo el próximo 31 de octubre, advirtió que, con este precedente, “podría llegarse al extremo de validar implícitamente que con cada decisión del INE que sea revocada por el TEPJF, se encontraría una causa para presumir responsabilidad administrativa grave de sus integrantes y con ello habilitar una herramienta que vulnere los principios de imparcialidad e independencia”.
En otras palabras: según Otálora, existe el riesgo que, en el futuro, se persiga por la vía administrativa a consejeros que voten a favor de acuerdos que posteriormente sean revocados por el TEPJF, lo que representaría una presión indebida sobre los consejeros.
La presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, también consideró que el tribunal debería revisar el caso, pues están en juego los derechos político-electorales de los consejeros acusados. Según la magistrada, el hecho de que el OIC sea una instancia administrativa “no impide que se conozca de su actuación por este órgano jurisdiccional al evidenciarse una conexión directa con la materia electoral, dada la posible conculcación a los derechos político-electorales de una consejera”.
El proyecto de Fuentes recibió el respaldo de Felipe de la Mata Pizaña y de los magistrados Gilberto de Guzmán Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho, los dos nuevos integrantes de la Sala Superior, quienes resultaron electos en las elecciones judiciales del pasado 1 de junio después de haber sido promovidos en los “acordeones”.
Tanto Valle como Guzmán afirmaron que el TEPJF no empujaría para sancionar a consejeros electorales, pero recalcaron que los tres acusados por el OIC deberían de impugnar el procedimiento ante “instancias competentes en materia de responsabilidades administrativas”.
Con información de: Proceso.
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Arturo Grado dirigirá a los vecinos de Residencial San Francisco Country Club
Este miércoles se celebró la asamblea para elegir al nuevo comité directivo del Residencial San Francisco Country Club, uno de los fraccionamientos más importantes de la ciudad y en donde afloran las pasiones y todo en momentos pareciera tornarse una competencia politica.
En este caso, ganó la planilla encabezada por el abogado Arturo Grado, quién sucederá al Presidente saliente Arturo Flores, a quien sus vecinos le apodan.MacArthurHubo algo de polémica pero finalmente todo terminó en paz.
Arturo Grado fue muy conocido en su momento porque el abogado de Gloria Trevi y continúa dedicándose al litigio.
La asamblea empezó a las 17 horas y terminó casi a las 21 horas, con un resultado 157 votos contra 50, a favor de la planilla "Espíritu de Servicio", de Grado, contra la Planilla "Suma"
Bloqueos carreteros el 23 de marzo: productores acusan incumplimiento de acuerdos de SEGOB
Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.
La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.
En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.
Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.
Ponen módulo de Beca Rita Cetina al exterior del Congreso
Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.
Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.
Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.
Quieren afiliar a todo GyC
A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.
De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de 93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.
Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.
Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.
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