Sheinbaum busca combatir extorsión desde penales, sin presupuesto y excluyendo de responsabilidad a compañías telefónicas
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una iniciativa para prevenir, investigar y sancionar el delito de la extorsión, en particular el que es cometido desde el interior de los principales penales en el país, reconociendo la incapacidad que ha tenido el Estado mexicano para “ejercer un control efectivo dentro de sus propias instituciones”.
Sin embargo, lo hizo sin incluir responsabilidad para compañías telefónicas, sin establecer un monto presupuestario específico para ello y otras deficiencias, advierten diversos especialistas en la materia.
Un fenómeno cuya importancia radica en que estos ilícitos no solo proceden de los diversos centros de readaptación social y centros de internamiento para menores que hay en el país, sino además de los principales penales de máxima seguridad en el país, que provocan repercusiones individuales y colectivas, de ahí la preocupación por este fenómeno.
“Por eso coincido con la iniciativa. Es sabido que en muchas prisiones de México hay una especie de autogobierno de grupos del crimen organizado que para realizar actividades delictivas y tener acceso a la telefonía celular pagan una especie de impuesto. No obstante, quienes conducen los centros penitenciarios en ocasiones son delincuentes de alto perfil o hasta la propia guardia penitenciaria que les cobra para que puedan realizar estas llamadas”, señala David Saucedo, especialista en seguridad pública, en entrevista con Animal Político.
La iniciativa de Sheinbaum contra la extorsión
El lunes 20 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.
De acuerdo con su exposición de motivos, la iniciativa surgió en respuesta al incremento sostenido de la extorsión y la falta de uniformidad legal en los códigos penales estatales, buscando establecer un tipo penal único aplicable a nivel nacional.
Además de tipificar y sancionar la extorsión con penas más severas y agravantes, propone reformas a múltiples leyes —incluyendo los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales— para fortalecer la coordinación interinstitucional, asegurar la persecución oficiosa del delito, e implementar un régimen estricto penal para sentenciados, especialmente aquellos que operan desde centros penitenciarios.
“Donde, pese a encontrarse privadas de la libertad, numerosas personas internas logran acceder a teléfonos celulares y otros medios de comunicación desde los cuales intimidan, amenazan, extorsionan a la población, generando un clima de inseguridad que trasciende los muros de los centros penitenciarios”, señala la iniciativa.
Sin embargo, aunque esta no proporciona una cifra exacta o dato porcentual sobre cuántas extorsiones se originan en los centros penitenciarios, sí señala que, del año 2019, el primero del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hasta septiembre de 2025, se ha registrado un incremento de 20.8 % en el promedio diario de extorsiones cometidas en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Por ello, para combatir esta problemática, la nueva ley establece medidas específicas y de carácter obligatorio dirigidas a las autoridades de los centros penitenciarios federales y estatales.
La crisis penitenciaria y el control estatal: sin tecnología, sin presupuesto y sin tomar en cuenta a compañías
La nueva propuesta exige a los centros penitenciarios implementar, en un plazo no mayor a 180 días hábiles, los procedimientos y las tecnologías necesarias para inhibir la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación y de transmisión de voz, datos o imágenes dentro de su perímetro.
“El objetivo es cerrar de manera definitiva una de las principales brechas por las que este ilícito ha logrado mantenerse vigente y expandirse […] Garantizar que ninguna persona privada de su libertad pueda seguir delinquiendo desde prisión constituye una condición indispensable para restablecer la confianza ciudadana y demostrar que la justicia se aplica en todos los niveles, sin excepciones ni tolerancia a la impunidad. Los centros penitenciarios serán un límite real y no un punto de operación de la delincuencia”, señala la iniciativa.
Sin embargo, una de las principales críticas se centra en que resulta “insuficiente” la sola mención de que los centros penitenciarios deberán contar tecnologías como los inhibidores de señal, pues ya existía desde hace varios sexenios la normativa secundaria que establecía la necesidad de que los reclusorios contaran con inhibidores.
“Lo que se requiere es una inversión importante en los centros penitenciarios para dotar de esas tecnologías. Algunos centros penitenciarios ya cuentan con estos inhibidores de señal. Sin embargo, lo que falla no son las tecnologías, sino las personas. Es decir, sistemas de monitoreo para constatar que en efecto están activos estos inhibidores. Las cárceles también tienen aduanas inteligentes con escáneres, rayos X, binomios caninos y detectores de partículas para identificar si alguna persona que va de visita a un reclusorio porta algún tipo de sustancia ilegal, alguna droga o aparato”, señala Saucedo.
Hoy en día la extorsión también se explica por la pluralidad de medios e instrumentos que se emplean, como herramientas telefónicas, electrónicas y tecnológicas, que permiten al agresor no tener contacto directo con las víctimas. Por ejemplo, en 2023 se tuvo registro de que en el 85 % de los casos, el delito de extorsión se cometió vía telefónica, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024).
La iniciativa señala que el “hecho probado” de la comisión del delito de extorsión mediante telefonía celular proveniente de un centro penitenciario será considerado para la aplicación de sanciones disciplinarias, como la restricción temporal de tránsito en el interior o el aislamiento temporal.
Además, propone que en caso de que se revele que la extorsión proviene de llamadas telefónicas realizadas desde el interior de un centro penitenciario, la autoridad judicial ordenará el bloqueo y anulación inmediata del IMSI e IMEI asociado al número telefónico relacionado con la llamada extorsiva, con control judicial previo.
No obstante, aunque especialistas coinciden en varios aspectos fundamentales de esta propuesta, otra de las principales críticas se centra en que la nueva ley es insuficiente, porque se tendría que ampliar la responsabilidad a las propias compañías de telefonía.
“En otros países, las empresas telefónicas que brindan el servicio también son responsables en caso de que vendan equipos o líneas telefónicas a personas que no estén plenamente identificadas. En el caso de que ya haya personas sancionadas por la comisión del delito de extorsión telefónica, tendría que crearse un padrón a efecto de que, una persona que haya tenido algún proceso o sentencia en firme por extorsión hubiera una alerta, pero hasta el momento las compañías están al margen, no se les ha molestado y las dos grandes, Telcel y AT&T, no tienen ningún tipo de responsabilidad cuando se comete algún delito con sus aparatos”, señala Saucedo.
Responsabilidad de las autoridades y la corrupción: una tarea pendiente
En su exposición de motivos, la presidenta Claudia Sheinbaum también señala que la extorsión en México es “fenómeno criminal amplio, lacerante, complejo e intolerable”, que ha sido identificado como una “tarea pendiente” por las autoridades, pero también como una situación que ha sido tolerada por algunas de ellas.
Ante esta situación, la presidenta también propone que las personas directoras de los centros penitenciarios sean las que deban garantizar que las personas sentenciadas por el delito de extorsión no tengan acceso a medios digitales o electrónicos tales como teléfonos celulares, tabletas o computadoras.
También propone tipificar como falta grave en materia de responsabilidades administrativas el incumplimiento de las medidas de control por parte de las personas directoras de los centros, con independencia del delito en que pudiera incurrir (artículo 38) e imponer una multa de tres a ocho años de prisión y de dos mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quién, sin autorización, introduzca o intente introducir a un centro penitenciario cualquier dispositivo electrónico que permita la transmisión de datos, voz o geolocalización (artículo 23).
Esto nuevamente genera dudas sobre la aplicación de sanciones y los niveles de complicidad o negligencia al interior del sistema, pues el sistema carcelario en México es considerado como “muy poroso” y “sumamente corrupto”.
“Me parece que en este caso México sí requiere del apoyo y la asistencia de Estados Unidos, que tiene un sistema notablemente superior al nuestro. Sí será importante que en los acuerdos y las negociaciones bilaterales que haya en materia de combate al crimen organizado se establezca tener algún tipo de conducción y guía para mejorar nuestro propio sistema carcelario”, señala Saucedo.
Además de las penas anteriores, la iniciativa también propone aumentar hasta en una mitad estas penas si quien introduce el dispositivo es una persona servidora pública, defensora o asesora jurídica. A los servidores públicos, además, propone imponerles la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta, que comenzará a contarse a partir de se se haya cumplido la pena de prisión (artículo 23).
Finalmente, se establece que se aplicará la pena básica del delito de extorsión —que es de seis a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA (artículo 15)— incrementada hasta en una tercera parte a la persona servidora pública o autoridad penitenciaria que facilite los medios o permita las condiciones para la comisión de los delitos de extorsión (artículo 24).
Sheinbaum y Harfuch reconocen incapacidad para controlar penales de máxima seguridad
En su iniciativa la presidenta también asegura que esta realidad no solo revela deficiencias estructurales en la administración penitenciaria, sino que además exhibe la incapacidad del Estado mexicano para ejercer un control efectivo dentro de sus propias instituciones.
“Cuando una persona privada de su libertad puede seguir delinquiendo desde un centro penitenciario no sólo se vulnera la función de la reinserción social del sistema penitenciario, sino que se exhibe la incapacidad del Estado mexicano para ejercer un control efectivo dentro de sus propias instituciones”, señala.
Esta situación fue reconocida desde hace meses por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que luego de que México entregó a Estados Unidos a 26 personas de alto perfil criminal con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa reconoció que estos capos operaban desde las cárceles mexicanas.
“Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de su libertad, continúan dirigiendo actividades ilícitas, mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”, señaló.
David Saucedo también asegura que se ha comprobado que los penales de máxima seguridad en México rápidamente se convierten en “cárceles de alta comodidad” u “hoteles de cinco estrellas” para los narcotraficantes de alto perfil, desde donde muchos capos del crimen organizado siguen delinquiendo.
“Así, hemos comprobado que en México las cárceles de alta seguridad rápidamente se convierten en cárceles de alta comodidad, hoteles de cinco estrellas para los narcotraficantes de alto perfil. La alternativa es la que los propios norteamericanos nos están imponiendo: ante la incompetencia de nuestro sistema carcelario, ellos exigen que los delincuentes de alto perfil sean extraditados a los Estados Unidos. Entonces, en este caso, creo que sí se requiere el apoyo internacional para mejorar para mejorar nuestro sistema carcelario”.
Con información de Animal Político.
Tips al momento
Ordenan desde Palacio Nacional revisión minuciosa a gasolineras
Esta mañana se manejó en medios nacionales la orden del ejecutivo a revisar minuciosamente a empresarios gasolineros por no cumplir con el convenio de la federación que mantiene la gasolina magna en 24 pesos.
Según la columna “Bajo Reserva”, fue tal la molestia de la presidenta que se revise con lupa a los gasolineros. Por cierto, en días anteriores tras el aumento del crudo, la mandataria nacional aseguró que no había cambios en los costos, pero ha habido reportes que mencionan lo contrario. Habrá que ver como trabajan las dependencias correspondientes para las revisiones a gasolineras.
Estaría investigando EE.UU. a director de Desarrollo Económico de Juárez por nexos con el crimen organizado
Trascendió en medios nacionales que Estados Unidos estaría investigando a Iván Antonio Pérez, director de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, por presuntos nexos con el crimen organizado. Además, se le acusa de manejar la relación empresarial de al menos una aspirante a la gubernatura.
De acuerdo con reportes citados por el periodista Raymundo Riva Palacio, la inteligencia estadounidense ya tiene en la mira a al menos cuatro líderes de cámaras empresariales del norte del país, identificados como “empresarios híbridos”, por combinar operaciones legales con actividades ilícitas.
Riva Palacio señala que el sector privado mexicano no previó que la parte “más oscura del régimen, vinculada al crimen organizado”, colocara a sus piezas estratégicamente en todo el país, afectando incluso al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que concentra alrededor del 80% de la riqueza nacional, situación que califica como un “cáncer” económico.
“Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadounidense es del tipo llamado ‘empresario híbrido’, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas”, destaca el artículo del periodista.
El caso ha encendido alertas dentro del sector privado y entre autoridades locales, al tiempo que la investigación estadounidense continúa su curso sin que hasta ahora se hayan dado a conocer más detalles sobre posibles sanciones o imputaciones.
Pasarela de Cruz en medios nacionales
Quien va en serio con su promoción política es el edil fronterizo, Cruz Pérez Cuéllar, quien este martes apareció en varias entrevistas de medios nacionales para hablar de su trabajo y sus aspiraciones políticas
En entrevista con Joaquín López-Dóriga, y posteriormente con Azucena Uresti, el alcalde de Ciudad Juárez habló de sus aspiraciones políticas, destacando que va a la delantera en las encuestas políticas, por cierto, al preguntarle acerca del padrón electoral en Ciudad Juárez, Cruz mencionó que se trata de entre el 42 y 43 por ciento, por lo que de todos los juarenses estar a favor del edil fronterizo, tendría un porcentaje alto.
“La verdad es que en todas las encuestas que se han hecho a nivel estatal, obviamente Juárez incluido nos está yendo muy bien y no solamente en Juárez. Este sábado tuvimos un evento en Chihuahua capital y abarrotamos el centro de convenciones”, dijo en los medios nacionales.
Promociona ¡Ah, Chihuahua! letras de Camargo que ya no existen
A través de redes sociales, la página oficial “¡Ah, Chihuahua!”, perteneciente a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, difundió imágenes promocionales en las que visitantes aparecen retratándose con las tradicionales letras monumentales de “Camargo”. Sin embargo, dichas estructuras ya no existen.
La publicación ha generado críticas y desconcierto, ya que invita a turistas a visitar el municipio mostrando un atractivo que actualmente no está disponible. Esto ha sido señalado como una falta de actualización e incluso desconocimiento por parte de las autoridades encargadas de promover el turismo en la entidad.
Resulta contradictorio que se impulse la visita a este destino utilizando imágenes desactualizadas, lo que pone en duda si las instancias estatales han dado seguimiento a la situación real del lugar en los últimos años.
Cabe recordar que las letras monumentales de “Camargo” fueron destruidas el pasado 31 de diciembre, luego de una explosión que provocó que fragmentos metálicos salieran proyectados. El incidente también ocasionó daños en al menos diez viviendas cercanas, cuyos vidrios resultaron afectados por la onda expansiva.
Señalan distribución de propaganda relacionada a Mayra Chávez tras asamblea del senador Juan Carlos Loera
En Ciudad Juárez, se reportó la distribución de material propagandístico en las inmediaciones donde el senador Juan Carlos Loera encabezó la asamblea “Juárez es México” el pasado domingo 22 de marzo de 2026.
De acuerdo con los reportes, la propaganda corresponde a la delegada del Bienestar Mayra Chávez y habría sido entregada en zonas cercanas al evento realizado un día antes.
LeBarón acusa complicidad de Corral en masacre
Después de 6 años de la masacre LeBarón en la comunidad de La Mora, el líder mormón Julián LeBarón, quien además ha mostrado su interés por contender en Chihuahua por un puesto político, volvió a tomar el tema en medios nacionales.
LeBarón expuso en el podcast de Adela Micha “La Saga”, que hubo complicidad institucional entre Javier Corral y Claudia Pavlovich, quienes en ese entonces fungían como gobernadores de Chihuahua y Sonora con los grupos criminales, destacando que tras nueve horas de espera nadie apareció para apoyarlos. Por si fuera poco, a la fecha se tienen 30 detenidos pero no hay sentenciados.
Por cierto, en este mismo espacio expuso que tras haber destapado su interés para contender por un puesto político y le han llegado miles de mensajes acusándolo de ser acaparador de agua más grande de México, “En el momento que eres víctima de un crimen, buscan cómo justificar lo que te haya sucedido buscando en tu historia algún pretexto para ignorar la responsabilidad, no solo de las instituciones, sino también de los mexicanos”, expresó.
Plan B aumentaría gasto en 16 Congresos Locales
Resulta que el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, en su intento de reducir al presupuesto a los Congresos locales, terminaría por beneficiar en aumentos a otros, incluyendo el de Chihuahua.
Se dice que este ajuste presupuestal, permitiría a 16 Congresos Locales, es decir las mitad en todo el país, crecer en su gasto.
Todo a la inversa, por ejemplo, el Congreso del Edomex podría crecer en 525.9 mdp, el de Chiapas +401.8 mdp, el de Veracruz +398.2 mdp y así 13 congresos más, 3,127 mdp adicionales.
Tips al momento
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Resulta que el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, en su intento de reducir al presupuesto a los Congresos locales, terminaría por beneficiar en aumentos a otros, incluyendo el de Chihuahua.
Se dice que este ajuste presupuestal, permitiría a 16 Congresos Locales, es decir las mitad en todo el país, crecer en su gasto.
Todo a la inversa, por ejemplo, el Congreso del Edomex podría crecer en 525.9 mdp, el de Chiapas +401.8 mdp, el de Veracruz +398.2 mdp y así 13 congresos más, 3,127 mdp adicionales.
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