En complicidad con autoridades, redes de huachicoleo vendían agua 60% más cara en el Edomex: FGJEM

TOLUCA, Edomex., (apro) .- Habitantes de varios municipios mexiquenses que padecen desabasto de agua potable, adquirían hasta 60% más caro este recurso, a través de pipas que extraían de forma ilícita el líquido.  

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las redes de venta ilegal eran operadas por organizaciones sociales con fachada de sindicatos, como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON); Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME); Los 300 y/o Unión 300, Libertad 25 de Marzo, 22 de Octubre y Chokiza, comisariados ejidales, particulares, o en complicidad con autoridades.  

La FGJEM precisó que, mientras el costo regulado promedio es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros para uso doméstico, en la región de Ecatepec era comercializada con sobre costo de 59 por ciento; en Cuautitlán, por 41.4% más; en Tlalnepantla, con 32.42% extra; y en Toluca, con casi 10% de sobre precio, por citar algunos ejemplos, mientras los porcentajes se incrementaban para el uso industrial y residencial de alta plusvalía.  

Las pesquisas también establecieron que, el agua extraída de los pozos clandestinos no era procesada para potabilizarla, sólo la cloraban, lo que podía causar afectaciones salubres a la población; en tanto, para la distribución, a través de prácticas de acaparamiento, utilizaban pipas de diferentes capacidades, incluso tipo tráiler denominadas “salchichas”, sin que contaran con los permisos obligatorios.   

Además, la ciudadanía era obligada a comprar el líquido solamente a los transportistas agremiados a alguna organización, para lo cual identificaban sus transportes con logotipos y calcomanías. Es decir, también fueron identificadas prácticas extorsivas, de acaparamiento, despojo de agua, robo, encubrimiento y abuso de autoridad.  

Durante la “Operación Caudal”, implementada la madrugada de este viernes por los tres órdenes de gobierno en 48 municipios mexiquenses, fueron intervenidos 189 inmuebles, donde fueron localizados 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas.  

De igual forma, fueron asegurados 322 transportes tipo pipas de diferentes capacidades, 37 vehículos diversos, y detenidos siete sujetos en flagrancia, dos de ellos por su probable participación en el delito contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública, dos más por portación de arma prohibida, dos por delitos contra el servicio público y distribución del agua, y un sujeto por ataque peligroso y portación de arma prohibida, quien habría accionado un arma de fuego para evitar la inspección de un inmueble en el municipio de Lerma.  

La Fiscalía mexiquense adelantó que ejercitará acción penal en contra de diversos objetivos identificados como integrantes relevantes de organizaciones sociales que operan bajo la fachada de sindicatos, de servidores públicos y particulares, por su probable intervención en los hechos constitutivos de delito que dieron origen a la Operación “Caudal”.  

El despliegue tuvo como base diversas denuncias ciudadanas e información aportada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y autoridades municipales.  

Las diligencias permitieron identificar cadenas de comercio ilícito de agua que utilizan pozos sin autorización, con infraestructura mecánica y eléctrica para su sobre explotación, o redes municipales de donde se hurtaba el líquido sin que los recursos fueran incorporados al erario o a algún organismo administrador.   

La intervención ocurrió, de forma simultánea, en Acolman, Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Calimaya, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jilotzingo, La Paz, Lerma, Melchor Ocampo y Metepec.  

Además, en Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Otumba, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, Santa María Rayón, Soyaniquilpan, Tecámac, Tejupilco, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Zinacantepec y Zumpango.  

 

 

Con información de: Proceso.

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.

“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.

En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.

Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.

Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.

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