Multan e inhabilitan a axsecretaria de finanzas de Puebla por desvío de recursos públicos
PUEBLA, Pue., (apro).- María Teresa Castro Corro, quien fue secretaria de Planeación y Finanzas en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, fue hallada responsable del delito de desvío de recursos públicos y de abuso de funciones, por lo cual se le impuso una sanción económica por 362 millones de pesos y la inhabilitación por 20 años para ocupar cargos públicos.
La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla responsabilizó a la ahora exfuncionaria estatal de la fallida inversión que realizó en junio de 2021 el gobierno de Puebla por más de 600 millones de pesos en Accendo Banco.
Esos recursos públicos hasta la fecha no se han podido recuperar pues esa institución que se declaró en quiebra sólo tres meses después de que la administración barbosista hizo ese depósito.
Además, previo a que el gobierno de Puebla decidiera invertir en Accendo, en marzo de ese año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya había advertido que había detectado incumplimientos en niveles de liquidez y capital de esa institución.
Al emitir el fallo sobre esta denuncia que fue presentada por el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, los magistrados consideraron que Castro Corro causó un perjuicio al erario público al invertir recursos que pudieron servir para el beneficio del Estado.
En julio pasado, el periodista Israel Velázquez publicó que Castro Corro adquirió al contado una casa valuada en 5 millones 790 mil pesos, apenas seis meses después de su renuncia a la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla.
A su salida del gobierno de Puebla, la ahora sancionada se incorporó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como asesora de Juan Pablo de Botton Falcón, quien era titular de la Subsecretaría de Egresos y a partir de 16 de octubre de 2024, trabaja en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
En base a la declaración patrimonial que presentó en 2025, la nota de Velázquez da cuenta que, de 1996 y 2023, la hasta ahora funcionaria de Clara Brugada, ha comprado en total cinco casas, dos departamentos y cuatro terrenos con valor de más de 15 millones de pesos.
La casa que compró a su salida del gobierno de Puebla y que pagó al contado, resulta incongruente con el salario que obtuvo del 1 de agosto de 2019 al 30 de junio de 2023 que fue de 59 mil 646 mil pesos mensuales.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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