Proponen en el Senado multas de hasta 565,700 pesos por omisión de salario en vacantes
La transparencia salarial es un tema latente en el Senado de la República. Actualmente hay dos iniciativas que buscan reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que las vacantes en México señalen el rango salarial que se ofrece. Una de esas propuestas adiciona también la imposición de una multa por omitir dicha información.
El objetivo de la propuesta, impulsada desde la bancada priista, es establecer una multa de hasta 565,700 pesos (5000 veces la Unidad de Medida y Actualización) para quienes alteren, omitan o falseen la información de una oferta laboral, incluso durante su difusión.
En la actualidad, alrededor del 56% de las personas que tiene un trabajo formal en el sector privado gana menos de 12,500 mensuales, monto estimado de ingreso digno, según un análisis La precariedad laboral permanece de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), un dato que muestra la disparidad en los ingresos en el país.
En esa línea, la iniciativa de ley impulsada por la senadora Paloma Sánchez Ramos (PRI), refiere que “la falta de transparencia en la información sobre vacantes de puestos de trabajo contribuye en perpetuar la precariedad”.
La legisladora menciona que esa falta de transparencia y competitividad ha propiciado "la difusión de vacantes falsas utilizadas con fines fraudulentos o criminales” a través de las cuales, el crimen organizado busca “atraer a jóvenes en situación de necesidad económica”.
Vacantes de trabajo 100% transparentes
La otra iniciativa en la Cámara Alta es promovida por las senadoras Martha Lucía Micher Camarena (Morena), Geovanna Bañuelos de la Torre (PT) y Luis Donaldo Colosio Riojas (MC). La propuesta busca reformar el artículo 83 de la LFT en aras de transparencia salarial, mientras que el proyecto de Sánchez Ramos propone una modificación al artículo 5 Bis y 1000 de la legislación laboral para hacer una regulación más profunda.
“Con la iniciativa propuesta, se pretende dar certeza jurídica y económica a las personas trabajadoras, al tiempo que fomenta la transparencia y la responsabilidad de los patrones en la contratación”, se lee en la exposición de motivos de la proposición.
En el caso del artículo 5 Bis, la adición propone que en la vacante se publique el rango salarial, y se detalle si en el monto a pagar, hay pagos por unidad de obra, comisiones u otros conceptos variables, datos que deberán especificarse con la base de cálculo o porcentaje correspondiente.
Sin importar el medio en el que se publique, la oferta de trabajo deberá describir los servicios a prestar, las actividades, responsabilidades que se tienen, y los requisitos del puesto, así como el tipo de relación laboral aplicable y si está sujeta a un periodo de prueba o capacitación inicial.
“La transparencia en las ofertas laborales es esencial para la protección de personas en busca de empleo, la información clara sobre las condiciones de los puestos ayuda a prevenir abusos y a fomentar las relaciones de trabajo formales y justas”, se lee en la iniciativa de la senadora Paloma Sánchez Ramos.
Multas para vacantes engañosas
La propuesta de reforma al artículo 1000 de la LFT busca que la autoridad ordene la corrección inmediata del anuncio, o en su caso su retiro a quien omita, altere o falsee información de una vacante de empleo, además de una multa de 250 a 5000 veces el valor de la UMA.
La senadora de la bancada priísta menciona que estas modificaciones buscan “proteger a la población frente a prácticas que perpetúan la precarización, el engaño y, recientemente el reclutamiento ilícito” con vacantes faltas.
Sánchez Ramos comparte que en México hay millones de mexicanos que carecen de un trabajo y sueldo digno; sin embargo, reformas en materia de transparencia salarial son clave para “fortalecer los derechos laborales”.
Con estas iniciativas, el Congreso de la Unión suma cinco proyectos en la actual legislatura que buscan modificar la Ley Federal del Trabajo para mejorar los procesos de reclutamiento, principalmente la transparencia de salarios en las ofertas de empleo, una medida que no solo es un factor determinante para los candidatos y trabajadores, sino también una oportunidad para cerrar las brechas salariales en México.
Con información de El Economista.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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