Continúa caos en Guanajuato por más de 30 horas de bloqueos de productores agrícolas
GUANAJUATO, Gto. (apro).- A más de 30 horas del inicio del bloqueo de carreteras en el estado por parte de productores agrícolas, continúan las afectaciones viales en distintos puntos de la entidad. Hasta el momento, se reportan 33 puntos con presencia de manifestantes, de los cuales 23 permanecen con cierre total, 3 con cierres parciales y 7 con presencia sin bloqueo vehicular.
En las vías con mayor afluencia, como la León–Silao y la León–Aguascalientes, se han liberado al menos un carril para permitir el tránsito. En el primer caso, la apertura de carriles se realizó de manera paulatina, mientras que en la León–Aguascalientes apenas la noche de este martes se abrió un carril en ambos sentidos.
Durante la jornada se registró un accidente fatal derivado de los bloqueos en la carretera Celaya–Salvatierra, donde falleció el sacerdote Roberto González Ortega, originario de Tarimoro. El religioso conducía una camioneta tipo SUV y chocó por alcance contra un tráiler detenido, a la altura de la comunidad Cañones, en el municipio de Tarimoro.
A pesar de las afectaciones, el Aeropuerto Internacional del Bajío, ubicado en Silao, mantiene operaciones normales. No obstante, la terminal aérea emitió un comunicado para exhortar a los usuarios a trasladarse con anticipación ante la posibilidad de retrasos por los bloqueos.
La gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, difundió un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que el Gobierno Estatal mantiene acompañamiento constante con los productores, destacando avances como la liberación gradual de carriles para permitir la circulación vehicular.
García Muñoz Ledo reiteró que su administración tiene como prioridad facilitar un acuerdo entre el Gobierno Federal y los productores guanajuatenses con el objetivo de dignificar el trabajo en el campo.
Añadió que Guanajuato actuará como puente en las negociaciones y ofreció un apoyo económico, sin especificar el monto, pero aseguró que es "significativo".
Libia García subrayó que uno de los puntos prioritarios del gobierno estatal es garantizar el libre tránsito y la seguridad tanto de manifestantes como de viajeros y comunidades.
“La causa del campo es una causa de todos”, expresó la mandataria, quien hizo un llamado a la unidad.
Finalmente, informó que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado continúan desplegadas en las zonas de protesta para brindar seguridad y apoyo a las personas varadas.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
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Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
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La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
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