PAN exige la renuncia de Bedolla al gobierno de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad, ahora diputados del PAN han exigido la renuncia del gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el diputado panista Federico Döring, acusó que Ramírez Bedolla no será un factor de “gobernabilidad” tras el asesinato del presidente municipal, que cobró relevancia nacional meses atrás debido sus críticas a la estrategia de seguridad de la 4T.

“Nosotros queremos levantar la voz en solidaridad para exigir la renuncia del gobernador Ramírez Bedolla, es evidente que no tiene presencia que abone a la solución del conflicto, no es un factor de gobernabilidad, no va a contribuir a la solución de lo que sufre hoy el pueblo de Michoacán”, indicó.

Döring manifestó que espera que, como en otros casos, no se perpetúe la incompetencia del mandatario, “ojalá que no se vaya a perpetuar su incompetencia, su indiferencia y su complicidad criminal como se hizo anteriormente”.

El asesinato de Carlos Manzo

El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, la noche del 1 de noviembre, conmocionó a México al poner en primer plano sus previas y constantes alertas sobre la crítica situación de seguridad en su municipio.

Desde el inicio de su administración, Manzo Rodríguez se consolidó como una voz disidente a la estrategia federal de seguridad conocida como “abrazos no balazos”.

El edil acaparó la atención mediática por sus enérgicos llamados ante la ola de violencia y las amenazas que él y su familia recibieron a pocos días de asumir el cargo, lo que le permitió ser parte de un esquema de protección de la Guardia Nacional (GN) que se reforzó con el tiempo.

En sus declaraciones, advirtió a la federación sobre la necesidad de una respuesta frontal y de aplicar “mano dura” contra los delincuentes, llegando a dar la instrucción a su policía de “abatir” a criminales armados que pusieran en riesgo a civiles.

La indignación tras el asesinato de Manzo

La principal diferencia de Manzo con el Gobierno Federal radicó en su estrategia de seguridad, que desafió abiertamente la política de no confrontación.

El alcalde no solo exigía apoyo y más armamento, sino que también llegó a retar a la presidenta Claudia Sheinbaum, al afirmar que renunciaría a su cargo si se demostraba una reducción real de la criminalidad sin recurrir al uso de la fuerza letal. Su postura lo llevó a ser apodado el “Bukele Mexicano”.

Además de la violencia civil, Manzo alertó sobre un problema estructural más profundo: la complicidad de autoridades corruptas con el crimen organizado.

La tragedia desató una ola de indignación y protestas en Michoacán, con ciudadanos que irrumpieron en el Palacio de Gobierno para exigir justicia y seguridad.

Con información de Político.mx 

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EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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