La ley del miedo gobierna Michoacán: El reclutamiento de jóvenes
La última parte del reportaje “La ley del miedo gobierna Michoacán: El territorio que el narco estrangula con puño de hierro”, publicado en la revista Proceso de este mes, se da en el contexto de tres asesinatos que han conmovido e indignado no sólo a los michoacanos, también a todo el país. Se trata de los homicidios de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores en Apatzingán, perpetrado el 20 de octubre último; Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino del exlíder de la autodefensas Hipólito Mora Chávez, muerto en la madrugada del 1 de noviembre, y de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, asesinado la noche del 1 de noviembre.
Sobre las investigaciones de este último caso, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que el asesino material de Manzo Rodríguez, tendría entre 17 y 19 años y no ha sido identificado.
De acuerdo con lo que registran los especialistas y organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano de Seguridad Humana (OSHRA), los delitos menores de extorsión y asaltos en la estructura criminal de los cárteles se relegan a los jóvenes sicarios que van captando, los de nuevo ingreso, a quienes incluso les sirve de entrenamiento y escalafón para ascender en la pirámide criminal.
Son los niños y jóvenes que capta el crimen organizado quienes asaltan las tiendas OXXO y se roban de manera masiva las motocicletas o los vehículos que después utilizarán para delinquir y secuestrar, o bien para matar a alguien por encargo.
Francisco Valle, exintegrante de la Mesa de Seguridad de Apatzingán, explica que los más jóvenes siempre son utilizados como “carne de cañón” para realizar las tareas más pesadas, pero a la vez más sencillas y callejeras, que los exponen a ser capturados o asesinados en caso de que intervenga la autoridad.
El 25 de octubre último, por ejemplo, el dueño de una mueblería, llamada La Gran Barata, fue atacado a balazos y herido de gravedad, mientras que murió uno de sus empleados.
El dueño de la mueblería se negó a pagar la cuota correspondiente a esa semana y los enfrentó, pero “el cobrador” y mensajero desenfundó y le disparó ante sus clientes y empleados, de acuerdo con el reporte policiaco preliminar.
Así recluta el CJNG a los jóvenes
El lunes 14 de julio último en el portal de Proceso se publicó una nota en la que se consigna que el Cártel Jalisco Nueva Generación cita a jóvenes en restaurantes de comida rápida para posteriormente someterlos a reclutamiento forzado, una modalidad que ha sido identificada principalmente en Guadalajara y su zona metropolitana.
La estrategia del CJNG se centra en explotar la búsqueda de empleo de los jóvenes. Publican ofertas de trabajo fraudulentas en plataformas digitales, prometiendo salarios atractivos y procesos de ingreso sencillos.
El modus operandi consiste en que los interesados deben acudir a un punto de encuentro específico, generalmente un establecimiento de comida rápida. Allí, un taxi de aplicación los recoge. Una pareja, presuntamente vinculada a la red de reclutamiento, se encarga de cubrir el costo del viaje, lo que marca el inicio de la desaparición y el posible reclutamiento forzado de los jóvenes.
Los establecimientos de comida rápida no tienen relación con las actividades delictivas. Al parecer, son elegidos por el crimen organizado por su alto flujo de personas y la discreción que ofrecen, lo que les permite operar sin levantar sospechas. Sirven como puntos de encuentro iniciales, facilitando la extracción de las víctimas.
Anteriormente, las citas para reclutamiento se realizaban en lugares como la Central de Autobuses de Guadalajara. Sin embargo, luego de la la exposición del Rancho Izaguirre, un sitio donde operaba una célula del CJNG, el grupo criminal modificó su logística.
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Fragmento del reportaje publicado en la edición 0029 de la revista Proceso, correspondiente a noviembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
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Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
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La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
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