Corte frena intentos de espionaje de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó los intentos de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo para espiar y escuchar comunicaciones privadas, al resolver que son inconstitucionales las atribuciones que se le otorgaron para solicitar a un juez la intervención de llamadas o la geolocalización en tiempo real sin reglas claras.

El Pleno invalidó además las disposiciones que le permitían imponer medios de apremio en materia penal y aplicar sanciones administrativas sin definir su gravedad ni la autoridad competente, al considerar que esas facultades exceden lo previsto en la Constitución.

Con ello, la Corte envió un mensaje claro para que ninguna fiscalía anticorrupción del país pueda asumir poderes para espiar, vigilar o sancionar fuera del orden constitucional.

Escuchar y espiar

Durante la sesión de este martes se asestó el primer golpe sobre la facultad para solicitar la intervención de comunicaciones privadas.

Desde el proyecto del ministro Arístides Guerrero se advirtió que la Fiscalía Anticorrupción no puede pedir a un juez que autorice la intervención de llamadas o mensajes, porque esa atribución solo corresponde al titular del Ministerio Público.

Y menos aún puede delegarla a mandos intermedios, como los titulares de unidades de investigación o de procesos.

La resolución marcó un límite contundente, pues se precisó que el combate a la corrupción no da derecho a vulnerar la privacidad.

La Corte cerró esa puerta y recordó que la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales son las instancias que pueden pedir a un juez la autorización para intervenir comunicaciones.

Geolocalización

El segundo punto invalidado fue la geolocalización en tiempo real de ciudadanos, una medida que la ley de Quintana Roo pretendía permitir sin definir cuándo ni cómo aplicarla.

La Corte explicó que esa redacción, sin reglas claras sobre los delitos o situaciones de urgencia que la justificarían, atentaba contra la privacidad y la seguridad jurídica.

Medios de apremio: cuando el Congreso se extralimita

Otro de los puntos anulados fue la posibilidad de que la Fiscalía impusiera medios de apremio en materia penal, es decir, multas, arrestos o uso de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones.

El Congreso local había incluido esas facultades en la ley, pero la Corte determinó que esa materia es exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que los legisladores de Quintana Roo se excedieron en sus competencias, pues solo el Poder Legislativo federal puede definir ese tipo de medidas.

 

Sanciones administrativas sin reglas: incertidumbre y arbitrariedad

El cuarto punto invalidado fue el régimen de responsabilidades administrativas dentro de la propia Fiscalía Anticorrupción.

La ley establecía que sus servidores públicos podrían ser sancionados por faltas administrativas, pero no definía cuáles eran graves, qué sanciones correspondían ni qué autoridad debía resolverlas.

Eso para los ministros generaba incertidumbre jurídica y abría la puerta a sanciones discrecionales o arbitrarias.

 

 

con información de: Político.mx

Tips al momento

Arturo Grado dirigirá a los vecinos de Residencial San Francisco Country Club 

Este miércoles se celebró la asamblea para elegir al nuevo comité directivo del Residencial San Francisco Country Club, uno de los fraccionamientos más importantes de la ciudad y en donde afloran las pasiones y todo en momentos pareciera tornarse una competencia politica.

En este caso, ganó la planilla encabezada por el abogado Arturo Grado, quién sucederá al Presidente saliente Arturo Flores, a quien sus vecinos le apodan.MacArthurHubo algo de polémica  pero finalmente todo terminó en paz.

Arturo Grado fue muy conocido en su momento porque el abogado de Gloria Trevi y continúa dedicándose al litigio. 


La asamblea empezó a las 17 horas y terminó casi a las 21 horas, con un resultado 157 votos contra 50, a favor de la planilla "Espíritu de Servicio", de Grado, contra la Planilla "Suma"


Bloqueos carreteros el 23 de marzo: productores acusan incumplimiento de acuerdos de SEGOB

Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.


La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.


En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.


Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.


Ponen módulo de Beca Rita Cetina al exterior del Congreso

Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.

Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.

Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.


Quieren afiliar a todo GyC

A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.

De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de  93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.

 Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.

Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.

 

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