
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua, Alejandro Domínguez, advirtió que no debe existir prisa por parte de Morena y sus aliados para aprobar la nueva Ley General de Aguas “al vapor”, sin escuchar a los sectores productivos y sociales directamente afectados.
Señaló que una reforma de esta magnitud impacta de manera directa a agricultores, campesinos y ganaderos, quienes están en riesgo de ver comprometido su patrimonio familiar si la discusión se acelera sin un análisis técnico y social profundo.
El legislador federal subrayó que la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados puso sobre la mesa una propuesta para realizar 32 foros estatales, uno en cada entidad federativa, con el objetivo de abrir el debate y escuchar a todos los actores involucrados antes de la aprobación de un dictamen final.
“Esta ley no se puede legislar en escritorios alejados del campo. Debe tomarse en cuenta la voz de quienes dependen del agua para trabajar y vivir”, expresó Álex Domínguez.
El dirigente priista insistió en que el proceso legislativo debe privilegiar el consenso, la transparencia y la protección del sector agropecuario, reiterando que el PRI impulsará que cualquier modificación a la política hídrica nacional sea de fondo, responsable y con beneficios reales para los campesinos mexicanos y chihuahuenses.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027
