
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un jurado federal en Houston declaró culpable al empresario mexicano Alexandro Rovirosa por participar en un esquema de sobornos dirigido a funcionarios de Pemex y de Pemex Exploración y Producción (PEP). Las autoridades estadounidenses detallaron que Rovirosa impulsó un plan para entregar dinero, artículos de lujo y otros bienes valiosos con el fin de asegurar beneficios para sus compañías.
El fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti señaló que Rovirosa buscó favorecer sus negocios mediante pagos ilícitos y advirtió que estos actos dañan la competencia y enriquecen a quienes operan fuera de la ley. Agregó que el caso envía un mensaje claro sobre la decisión del Departamento de Justicia de perseguir prácticas corruptas realizadas desde territorio estadounidense, sin importar si los sobornos se entregan dentro o fuera del país.
Jeffrey D. Pittano, agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, destacó que la condena responsabiliza directamente al empresario por intentar manipular contratos y pagos públicos en beneficio de sus empresas.
Las investigaciones revelaron que, entre 2019 y 2021, Rovirosa y algunos colaboradores —entre ellos Mario Alberto Ávila Lizarraga— entregaron más de 150 mil dólares en efectivo y artículos de alto valor a por lo menos tres funcionarios de Pemex y PEP. A cambio, los funcionarios favorecieron a las compañías asociadas con Rovirosa en la obtención y conservación de contratos con un valor superior a 2.5 millones de dólares.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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